El Salvador ha puesto en marcha un proceso judicial de magnitud sin precedentes, enjuiciando simultáneamente a 486 presuntos miembros de la ‘Mara Salvatrucha’, incluyendo su cúpula directiva, la ‘ranfla nacional’. Este mega-juicio, bajo intenso escrutinio internacional, busca responsabilizarlos por más de 47.000 crímenes entre 2012 y 2022. La masacre de 86 personas en marzo de 2022 fue el detonante para la implementación del régimen de excepción por parte del Gobierno del presidente Nayib Bukele, una medida de seguridad renovada 49 veces y eje central del combate a las pandillas en el país centroamericano.
La instauración del régimen de excepción marcó un punto de inflexión en la estrategia de seguridad pública, suspendiendo garantías constitucionales fundamentales como el derecho a la defensa. Esta política ha logrado un récord de detenciones, superando las 91.500 personas, equivalente a un 2% de la población adulta. Expertos, como Luis Enrique Amaya, la han descrito como una ‘pesca con red’, contraponiéndola a la ‘pesca con caña’ que respeta la individualización penal. Este enfoque, si bien redujo la criminalidad visible, ha generado severas advertencias sobre sus impactos a largo plazo en el sistema judicial y los derechos civiles, lo que genera un debate global sobre seguridad y libertades.
La comunidad internacional ha alzado su voz ante la prolongación de estas medidas. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han expresado ‘serias preocupaciones’ por violaciones a los derechos humanos. Sus informes señalan juicios masivos con jueces anónimos, la agrupación indiscriminada de cientos de detenidos bajo acusaciones genéricas, y reportes de arrestos por cuotas policiales o pruebas no confirmadas. Contravienen el debido proceso y la presunción de inocencia, generando incertidumbre sobre la validez de las condenas.
Entre los acusados que han emergido públicamente figuran líderes de la ‘Mara Salvatrucha’ cuyo paradero era desconocido, como Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias ‘El Diablito de Hollywood’, máximo líder de la MS-13, y Rubén Antonio Rosa Lobo, alias ‘Chivo’ de Centrales Loco. También César Humberto López Lario, alias ‘Greñas de Stoners’, extraditado desde Estados Unidos. Su apariencia demacrada refleja estrictas condiciones carcelarias. Además, el Estado salvadoreño ha introducido el novedoso cargo de ‘rebelión’ contra los pandilleros, argumentando un intento de establecer un ‘Estado paralelo’ que desafía la soberanía nacional.
El trasfondo de este conflicto se enraíza en la compleja historia de las pandillas en El Salvador, surgidas de la posguerra civil y las deportaciones masivas desde Estados Unidos. Estas estructuras criminales, en ocasiones, mantuvieron pactos informales con gobiernos previos. La presunta ruptura de un acuerdo entre el actual Gobierno y las pandillas es una hipótesis recurrente para explicar la violenta oleada de 2022, que precipitó la actual política de mano dura y el régimen de excepción, reconfigurando la seguridad regional.
Paralelamente a estos desafíos judiciales, el Gobierno salvadoreño ha anunciado una ambiciosa apuesta tecnológica: la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en la Fiscalía. Esta iniciativa busca optimizar la recepción y calificación de denuncias, posicionando a El Salvador como pionero global en el uso de IA en la justicia. Sin embargo, la ausencia de detalles sobre la vinculación de esta tecnología con los procesos del régimen de excepción genera interrogantes sobre su aplicación ética. La coexistencia de esta apuesta tecnológica y las controversias sobre derechos humanos en los juicios masivos subraya la compleja transformación del país, con implicaciones significativas para su futuro institucional e imagen internacional.
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