La reciente declaración del Presidente Gustavo Petro sobre el inicio del proceso para que Colombia se retire del sistema de ‘arbitraje de inversión’ internacional marca un hito sustancial en la dirección económica del país. Esta determinación, respaldada por un grupo de expertos y académicos, ha encendido un vigoroso debate sobre la seguridad jurídica y la percepción de riesgo soberano de la nación andina.
La génesis de esta postura se sitúa en la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más allá de los Combustibles Fósiles, donde el ‘arbitraje de inversión’ fue presentado como un impedimento para la transición energética. No obstante, esta argumentación soslaya la ingente necesidad de capital extranjero para financiar proyectos renovables y minerales críticos, inversiones que demandan un entorno de estabilidad legal predecible y garantías sólidas.
Históricamente, el arbitraje internacional de inversiones fue concebido como un foro neutral en disputas entre estados e inversores extranjeros, protegiendo las inversiones de cambios abruptos en políticas. Su objetivo primordial es fomentar la confianza y atraer capital a jurisdicciones donde los sistemas judiciales internos podrían ser percibidos como insuficientemente imparciales. Muchos países latinoamericanos, en el pasado, reevaluaron o abandonaron estos mecanismos, citando preocupaciones sobre la soberanía.
Sin embargo, la efectividad del sistema es objeto de escrutinio. Los detractores argumentan su uso por multinacionales para desafiar políticas públicas legítimas. No obstante, datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) demuestran que los estados prevalecen en más del 50% de los casos y las indemnizaciones suelen ser menores a las reclamadas, desvirtuando la noción de un sistema intrínsecamente sesgado contra los estados.
La alternativa a la retirada, según expertos en derecho internacional, reside en la reforma y renegociación de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Modernizar estos acuerdos para incluir salvaguardas explícitas sobre el derecho a regular en áreas como la protección ambiental, la salud pública y los derechos laborales es una estrategia ya adoptada por naciones pioneras, como la misma Colombia en su acuerdo con Francia. Esta vía permite equilibrar la protección al inversor con la capacidad regulatoria del estado.
Además, la tendencia reciente en América Latina sugiere un replanteamiento de las salidas previas del sistema. El regreso de Ecuador en 2021 y de Honduras en 2026 al CIADI, sumado a deliberaciones de reincorporación en Venezuela y Bolivia, ilustra un giro regional. Este viraje responde a una comprensión de la seguridad jurídica como un pilar ineludible para la estabilidad económica y la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED). Ignorar esta trayectoria regional podría aislar a Colombia en un momento crítico para su desarrollo.
La complejidad de la decisión de Colombia exige un análisis desapasionado y técnico, alejado de implicaciones preelectorales o simplificaciones. Un retiro sin una estrategia integral para mitigar las consecuencias podría no solo ahuyentar la inversión necesaria para la transición energética, sino también debilitar la credibilidad internacional del país. La verdadera soberanía, en un mundo interconectado, a menudo se manifiesta en la capacidad de participar y reformar los sistemas globales, no en el aislamiento.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
