El Gobierno del presidente José Antonio Kast ha desatado una notable controversia en la opinión pública chilena e internacional a raíz de la difusión de vídeos promocionales de la reciente ‘Operación Cancerbero’. Este operativo, que implicó el traslado masivo de casi 300 reclusos de alta peligrosidad al Complejo Penitenciario de La Laguna, ha sido presentado con una estética que evoca las mediáticas acciones penitenciarias del presidente salvadoreño Nayib Bukele. La particularidad que ha exacerbado el debate reside en la inusual elección musical para estos registros audiovisuales, incluyendo temas de la banda pop ‘NSYNC’, ‘Metallica’ y ‘Rage Against the Machine’, lo que ha generado un profundo escrutinio sobre la ética y los propósitos de esta divulgación.
La ‘Estrategia Comunicacional’ del Ejecutivo chileno, lejos de ser un mero acompañamiento informativo, se ha erigido como un mensaje explícito de ‘mano dura’ contra la criminalidad. El vídeo más criticado, ambientado con la canción ‘Bye Bye Bye’ de ‘NSYNC’, muestra a los prisioneros en diversas etapas del traslado con el lema ‘Operación Cancerbero. Cárceles de verdad. El crimen no tendrá escapatoria’, culminando con la frase ‘Adiós crimen, bienvenida máxima seguridad’. Esta narrativa audiovisual, defendida por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien afirmó que el mensaje de ‘cambio de mano’ ha sido acogido ‘muy favorablemente’ por la ciudadanía, busca proyectar una imagen de firmeza y control absoluto sobre la delincuencia organizada.
La elección de emular la puesta en escena salvadoreña no es casual. El presidente Kast, tras su elección en diciembre de 2025, realizó una de sus primeras visitas internacionales a El Salvador, donde se reunió con Nayib Bukele y recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). A pesar de que Kast ha reiterado en diversas ocasiones que no buscaría ‘copiar’ el modelo salvadoreño, las similitudes visuales y la retórica empleada en la ‘Operación Cancerbero’ sugieren una clara influencia. El modelo Bukele, si bien popular en algunos segmentos por su aparente éxito en la reducción de la violencia, ha sido objeto de severas críticas por parte de organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) debido a presuntas violaciones de derechos humanos y el establecimiento de un régimen autoritario.
Las voces críticas en Chile, especialmente desde exautoridades del gobierno anterior de Gabriel Boric, han alertado sobre los peligros inherentes a este tipo de despliegues. La exministra Carolina Tohá calificó el operativo de ‘espectáculo’, una objeción que el biministro Claudio Alvarado desestimó, argumentando la necesidad de contener a reos peligrosos. Sin embargo, el exministro de Justicia Luis Cordero fue más allá, advirtiendo que la estrategia no solo podría generar riesgos de seguridad, sino también ‘transformar el sistema penitenciario en una forma de degradación de las personas privadas de libertad’, aludiendo a la naturaleza deshumanizante de la ostentación del castigo.
Este debate se enmarca en la presentación de la agenda de seguridad del Gobierno de Kast, que busca reforzar el concepto de que ‘la mano ha cambiado’ en Chile. La promesa de campaña de combatir el crimen organizado y reducir la delincuencia se materializa en operativos de alto impacto mediático como el de La Laguna, donde el propio mandatario, ataviado con chaqueta de Gendarmería, declaró un ‘día histórico’. Esta performatividad gubernamental busca reafirmar la autoridad del Estado, pero enfrenta el desafío de equilibrar la percepción de eficacia con el respeto a los principios democráticos y los estándares internacionales de derechos humanos en el tratamiento de los reclusos.
La instrumentalización de elementos culturales pop en la comunicación gubernamental sobre seguridad penitenciaria abre un frente de discusión relevante sobre la despolitización o banalización de asuntos de Estado. Si bien la intención declarada es enviar un mensaje contundente contra el crimen, la elección de música como ‘Bye Bye Bye’ podría diluir la seriedad institucional de la acción, convirtiendo un proceso complejo de justicia en un mero producto de entretenimiento. Es imperativo que las autoridades consideren las implicaciones a largo plazo de tales narrativas en la percepción pública de la justicia y en la consolidación de un sistema penal que, sin dejar de ser firme, preserve la dignidad inherente a toda persona.
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