La mañana del jueves amaneció como cualquier otra en Caracas. Cielo despejado, calor sofocante. Pero, frente al Palacio de Justicia, sucedía algo que no ocurría desde hacía años: la gente estaba en la calle. No en la clandestinidad, no en un rincón oscuro. … Estaban aquí, en un espacio controlado por el Estado, bajo el sol implacable, con carteles y banderas. Diciendo en voz alta lo que durante años solo se susurraba en las casas.
Francelys García estaba allí. Su esposo, Rosmel Méndez, es uno de los 32 militares desaparecidos del caso Gedeón. Este caso, que se remonta a 2020, surge de una operación militar fallida conocida como ‘Operación Gedeón’, un intento de golpe de Estado que fue sofocado por las fuerzas de seguridad. Los militares implicados fueron detenidos, pero lo que comenzó como una detención se convirtió en una desaparición forzada. Sus familias no tienen acceso a información sobre dónde están, en qué condiciones se encuentran, o si están vivos. Es lo que jurídicamente se conoce como una violación del derecho de ‘habeas corpus’, el principio fundamental que garantiza que toda persona detenida tiene derecho a saber dónde está siendo retenida y a comparecer ante un juez. En Venezuela, este derecho ha sido sistemáticamente violado.
Hace más de cinco años que detuvieron a Rosmel Méndez tras la fallida operación de 2020. Hace seis meses que desapareció del sistema penitenciario al ser trasladado a un fuerte militar. Seis meses sin visitas, sin llamadas, sin respuestas. Sin que el Estado reconozca oficialmente dónde está. Francelys lleva 28 días en vigilia. Casi un mes de estar en la calle, esperando, exigiendo, denunciando. «Todo el mundo sabe que están, pero no están», se queja Francleys, junto a otros familiares que viven la misma incertidumbre que corroe el alma.
Una desaparición forzada, en términos legales internacionales, es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado o con su consentimiento, seguida de la negativa a reconocer la detención o de ocultar el paradero de la persona. Es considerada un crimen de lesa humanidad por organismos internacionales como la Corte Penal Internacional. Lo que distingue a una desaparición forzada de una detención común es precisamente esto: la negación oficial de que la persona está detenida, la imposibilidad de ejercer el ‘habeas corpus’, la ausencia de registros en los sistemas penitenciarios. En Venezuela, esto se ha convertido en una práctica sistemática.
Junto los carteles de presos políticos estaba Maríalis Roa. Su hermano, Hugbel Rafael Roa Carusi, exdiputado por Trujillo, permanece detenido en la cárcel del Rodeo, acusado en el escándalo de PDVSA Cripto. Este caso, que ha marcado profundamente a Venezuela, surge de un esquema de corrupción donde funcionarios petroleros desviaban fondos públicos a través de criptomonedas, aprovechando la falta de supervisión durante los años de mayor crisis económica del país. Lo que comenzó como un mecanismo para evadir sanciones internacionales se convirtió en uno de los mayores robos de recursos públicos en la historia reciente venezolana. Pero la historia de Hugbel es diferente. Es la de un hombre que ayudó a construir el sistema que ahora lo devora.
Roa no era disidente. Era parte del chavismo. Diputado de la Asamblea Nacional, ocupó incluso la cartera de Educación cuando la revolución bolivariana aún prometía transformación. Pero, cuando la corrupción dentro del propio gobierno se hizo insostenible, cuando los funcionarios petroleros comenzaron a desviar fondos públicos a través de criptomonedas, Hugbel fue atrapado en la red. No por ser opositor. Por ser parte de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos 25 años, tan vasto que era imposible de encubrir.
«Esperamos que con esta ley de amnistía se cumpla lo que bien se dice: un juicio justo en libertad», decía Maríalis, mientras su madre explicaba los detalles médicos de su hijo. Hugbel entró a prisión con una patología. Ahora tiene cuatro. Las condiciones del Rodeo, donde el sistema de justicia ha sido reemplazado por la arbitrariedad, lo han deteriorado progresivamente. Lo más irónico es que ahora vive lo que durante años la oposición denunciaba: persecución política, cárceles inhumanas, juicios sin garantías.
«Esperamos que con esta ley de amnistía se cumpla lo que bien se dice: un juicio justo en libertad»
Maríalis Roa
Hermano de Hughbel Rafael Roa Carusi, detenido por corrupción
Sin embargo, hay un problema que oscurece cualquier esperanza. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que la ley de amnistía tendría excepciones. Entre ellas, el robo y la corrupción. Y Roa está acusado precisamente de eso. Maríalis insiste en que no hay pruebas contundentes, solo testimonios. Pero las excepciones podrían dejarlo fuera. El hombre que ayudó a construir el sistema que lo persigue podría quedar atrapado en ese mismo régimen, sin amnistía, sin salida.
Los carteles frente al Palacio de Justicia eran imposibles de ignorar. «Exigimos libertad para todos los presos políticos en Venezuela», decían las letras blancas sobre negro. Fotos de rostros desaparecidos pegadas en cartulinas. Nombres. Edades. Una mujer en púrpura levantaba la bandera de Venezuela con los brazos extendidos, como si quisiera que todo Caracas la viera. Su determinación no era desesperación. Era exigencia. Era dignidad.
Los opositores al régimen han perdido el miedo a manifestarse en las calles y salen a reclamar la libertad de los presos políticos y de otros reclusos que, víctimas de las rencillas internas chavistas, podrían quedar fuera de la amnistía
Lo que sucedía frente al Palacio de Justicia era lo que llamaban un acto de presencia. Pero era más que eso. Era una declaración: la sociedad civil diciéndole al Estado que podían estar en espacios públicos, denunciando desapariciones forzadas, exigiendo verdad y justicia, sin desaparecer por ello. Eso era lo que había cambiado.
Los números cuentan una historia de cambio acelerado. Desde el 30 de enero de 2026, cuando la presidenta encargada anunció la ley de amnistía, Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos. Pero también revelan una realidad más oscura: al 1 de febrero, la misma organización reportaba que se desconocía el paradero de 52 personas en el país. Desaparecidos. Sin rastro. Sin explicación oficial. Sin posibilidad de ejercer habeas corpus.
Nicmer Evans, el politólogo recientemente liberado del Helicoide, tenía una visión más exigente. «La ley debe contemplar imprescindiblemente una comisión de la verdad», dice. «Y una comisión que tenga acceso a procesos de investigación en casos como estos». Evans habla de desapariciones, de años de incertidumbre, de familias que no sabían si sus seres queridos estaban vivos o muertos. La amnistía, para que sea real, tiene que incluir verdad, investigación y reparación. Tiene que garantizar que el ‘habeas corpus’, ese derecho fundamental, sea restaurado y protegido.
Las familias esperan justicia
Pero, mientras Evans hablaba de justicia, las familias frente a los tribunales seguían esperando. Algunos de estos militares habían sido sentenciados a treinta años de prisión en juicios realizados dentro del Helicoide, sin abogados defensores, sin garantías procesales. Ahora estaban desaparecidos. Y sus familias estaban aquí, bajo el sol, diciendo que no era aceptable.
Este jueves, mientras el Parlamento inicia el debate de la ley de amnistía, algo se quiebra en Caracas. No es que el miedo haya desaparecido. Sigue allí, visceral, presente. Pero algo ha cedido. La gente está en las calles. Después de años de represión, de detenciones arbitrarias, de un aparato de seguridad que ha fichado a cualquiera que se atreva a protestar, la sociedad civil ha descubierto algo que los gobiernos autoritarios temen más que cualquier arma: la posibilidad de que sus ciudadanos dejen de creer que están solos. Que descubran que pueden estar juntos, en público, sin permiso, sin miedo paralizante. Eso no es una revolución. Es algo más lento, más profundo. Es la erosión del poder que se construye sobre el silencio. Y en Venezuela, donde el silencio ha sido la única moneda de cambio durante años, eso es casi revolucionario.
