La trayectoria política de Gustavo Petro, forjada sobre un incisivo activismo anticorrupción que desveló desde la parapolítica hasta el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, parecía augurar una administración inmune a las sombras que él mismo denunció. Su ascenso a la Presidencia de Colombia en 2022 prometió una era de transparencia. Sin embargo, a solo nueve días de la conclusión de su mandato, el ‘Gobierno Petro’ se encuentra sumergido en una cascada de escándalos que comprometen a su círculo más íntimo y erosionan profundamente el legado que aspiraba a dejar, marcando un contraste irónico con sus promesas fundacionales.
Uno de los episodios más recientes y alarmantes involucra a Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, quien ha sostenido públicamente que el presidente Petro la presionó a renunciar y la sometió a acoso laboral tras sus denuncias sobre un presunto desvío de 1,2 billones de pesos. La señora Rodríguez afirma haber recibido insultos y amenazas, expresando un temor fundado por su seguridad personal. El mandatario, por su parte, ha respondido con una demanda, descalificando su gestión y revelando información sobre su salud mental, acción que la denunciante ha calificado de estigmatizante. Este grave incidente subraya la tensión en la cúpula del poder y el clima de desconfianza que permea la administración saliente.
Paralelamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se ha visto envuelta en un masivo esquema de corrupción. La adquisición de 40 carrotanques con sobrecostos desproporcionados para La Guajira, y que nunca cumplieron su función, es solo la punta del iceberg. Las investigaciones han revelado un entramado de coimas que, según denuncias, buscaba sobornar a altos funcionarios legislativos para asegurar la aprobación de iniciativas gubernamentales, llevando a juicio a exministros y consejeros presidenciales y evidenciando la instrumentalización de recursos públicos.
Las implicaciones de corrupción se extienden al ámbito familiar presidencial. El primogénito del mandatario, Nicolás Petro, enfrentó acusaciones de haber recibido dinero ilícito de individuos con historiales cuestionables para la campaña presidencial. A pesar de una inicial aceptación de cargos, posteriormente se retractó, dejando un proceso judicial abierto que oscurece la imagen de la familia presidencial. Este caso se suma a las controversias que rodearon a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, por sus reuniones con personas privadas de la libertad, suscitando interrogantes sobre posibles alianzas.
Otro episodio que capturó la atención pública fue el de Laura Sarabia, mano derecha del presidente. La pérdida de una suma de dinero en efectivo en su residencia desencadenó acciones irregulares, incluyendo el uso de polígrafos contra su niñera y presuntas interceptaciones telefónicas ilegales. La posterior muerte del coronel Óscar Dávila, vinculado a la seguridad presidencial e investigado por estas escuchas, oficialmente calificada como suicidio, ha sido objeto de persistentes cuestionamientos. Estas circunstancias generaron un ambiente de secretismo y abusos de poder dentro del Palacio Presidencial, minando la confianza en las instituciones.
Finalmente, la administración se despide con la dimisión de Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial y presidente de Ecopetrol, quien enfrenta señalamientos por posibles irregularidades en la financiación electoral y por la adquisición de un inmueble a precio anómalo. La defensa de Petro a Roa generó cuestionamientos sobre la independencia de la empresa estatal. La partida de Roa, junto con los procesos judiciales en curso contra exministros y consejeros, marcan un epílogo turbulento para una gestión que prometió erradicar los males que ahora la acechan. El presidente entrante, Abelardo de la Espriella, ha capitalizado este descontento, señalando un claro contraste en la agenda de probidad.
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