En un movimiento legal de gran trascendencia, una coalición de organizaciones civiles ha presentado una moción ante la Corte de Distrito de New Hampshire, buscando clarificar y salvaguardar el alcance de la ‘Ciudadanía por Nacimiento’ en Estados Unidos. Esta acción surge como respuesta directa a una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 6 de agosto de 2026, la cual, según los demandantes, representa un intento descarado de eludir una decisión previa de la Corte Suprema y redefinir unilateralmente un derecho constitucional fundamental. La disputa subraya la tensión persistente entre el poder ejecutivo y el judicial en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, un pilar de la identidad jurídica estadounidense.
La base de la controversia radica en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que ‘Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen’. Este principio, conocido como ‘Jus Soli’ o derecho de suelo, ha sido una piedra angular del sistema legal del país. La jurisprudencia, particularmente el caso histórico ‘United States v. Wong Kim Ark’ de 1898, ratificó que esta enmienda confiere la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres, con excepciones muy limitadas para hijos de diplomáticos o invasores extranjeros. El intento de la administración Trump de crear nuevas excepciones a través de una orden ejecutiva se choca frontalmente con este precedente arraigado.
No es la primera vez que la administración Trump emprende esta vía. Ya en enero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva similar, buscando bloquear la ‘Ciudadanía por Nacimiento’ para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros nacidos en territorio estadounidense. Aquella iniciativa fue bloqueada por la Corte Suprema el 30 de junio de 2026 en el caso ‘Trump versus Barbara’, donde el Máximo Tribunal fue explícito al afirmar que una orden ejecutiva no puede modificar la Constitución. Los demandantes actuales, que incluyen a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensa Legal, argumentan que la nueva orden del 6 de agosto ignora flagrantemente esta resolución judicial y es, por tanto, una violación de la autoridad de la Corte.
La moción judicial presentada subraya que la orden ‘Continuando con la protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense’ del 6 de agosto no solo contradice el precedente constitucional, sino que también viola la orden judicial preliminar vigente de la Corte. Las organizaciones advierten que, de permitirse, esta orden pretendería privar a miembros de la demanda colectiva provisionalmente de su ciudadanía por derecho de nacimiento, a pesar de la reciente decisión de la Corte Suprema. El objetivo explícito de la moción es que el tribunal recalque que el gobierno no puede usurpar el poder legislativo y judicial para redefinir quién es ciudadano estadounidense mediante decretos presidenciales.
Los líderes de las organizaciones demandantes han expresado su firme convicción de que estos ataques son inútiles y crueles desde el punto de vista constitucional. Aarti Kohli, directora ejecutiva del Caucus de Derecho Asiático, enfatizó que ‘es la Constitución, no el presidente, quien determina quién es estadounidense y quién tiene voz en nuestra democracia’. Por su parte, Cody Wofsy, de la ACLU, declaró que ‘ya es hora de que cesen estos ataques ilegales y crueles contra la ciudadanía de los niños’, reforzando la postura de que el ejecutivo no puede reescribir la Decimocuarta Enmienda por decreto. La batalla legal no solo defiende un principio, sino que también protege a miles de familias directamente afectadas por estas políticas.
Este litigio adquiere una dimensión fundamental para la estructura democrática y el estado de derecho en Estados Unidos. La persistencia del poder ejecutivo en intentar redefinir mandatos constitucionales a través de órdenes unilaterales plantea serias interrogantes sobre el respeto a la separación de poderes y la independencia judicial. La decisión de la Corte de Distrito de New Hampshire no solo afectará a los demandantes directos, sino que establecerá un precedente crucial sobre la capacidad del ejecutivo para interpretar y aplicar la Constitución, reafirmando o debilitando la fortaleza de las instituciones democráticas frente a la agenda política. El desenlace de esta moción será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dada la relevancia de la ‘Ciudadanía por Nacimiento’ en el discurso migratorio global.
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