En un acto de profunda relevancia para la búsqueda de justicia internacional, víctimas de los denominados ‘falsos positivos’ en Colombia han elevado su clamor ante la Cámara de Apelaciones argentina, instando a los jueces a mantener abierta una querella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso, que se ampara en el principio de Justicia Universal, representa una esperanza para familiares como Osmaira Nieves Oñate, quien conmovió a la corte al presentar evidencias de la ejecución extrajudicial de su hermano en 2004 por militares del batallón La Popa, un crimen perpetrado durante un período en el que el entonces mandatario dirigía consejos de seguridad en la misma región.
Los ‘falsos positivos’ refieren a la práctica sistemática de miembros del Ejército colombiano de asesinar civiles desarmados y presentarlos como guerrilleros caídos en combate para inflar cifras operacionales, obtener ascensos o beneficios. Esta aberrante estrategia, que ha dejado un saldo de al menos 6,402 víctimas según estimaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), alcanzó su cúspide entre 2002 y 2008, coincidiendo con la administración de Uribe Vélez, marcando uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano y generando cuestionamientos sobre la cadena de mando y la responsabilidad.
La adopción del principio de Justicia Universal por tribunales argentinos, aunque no inédita, subraya la gravedad de las acusaciones y la percepción de un vacío de justicia en el país de origen. Este mecanismo permite a un Estado investigar y juzgar crímenes atroces contra los derechos humanos, como genocidio o crímenes de lesa humanidad, incluso si fueron cometidos fuera de sus fronteras, siempre que las naciones donde ocurrieron los hechos demuestren una falta de voluntad o capacidad genuina para procesarlos. Precedentes notables incluyen investigaciones argentinas sobre crímenes del franquismo en España o violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La querella, interpuesta por once familiares y organizaciones de derechos humanos en 2023, argumenta que Colombia no ofrece vías efectivas para investigar a expresidentes por estos delitos. Mientras que la JEP ha sancionado a mandos militares, su competencia no se extiende a exjefes de Estado. La Comisión de Acusaciones, encargada de estos procesos, ha sido históricamente criticada por su ineficacia. Tras un archivo inicial de la causa en octubre de 2025, la apelación busca revertir esa decisión y permitir la toma de declaraciones formales de las víctimas.
El impacto emocional de los testimonios ha sido innegable. Andrey Betancur enfatizó que estos no eran casos aislados, sino parte de un patrón extendido, una ‘luz que se abría para tener justicia’ fuera de Colombia. Bertina Badillo relató la historia de su sobrino Didier Eduardo Durant, asesinado en 2007 bajo engaños de militares, y sentenció: ‘las balas eran del Estado, los agentes eran del Estado y las órdenes eran del Estado’, encapsulando la demanda de responsabilidad institucional que trasciende a los ejecutores directos.
Para el abogado Máximo Castex, la audiencia ha permitido humanizar el expediente, mostrando a los jueces ‘el rostro, las familias y el daño’ detrás de las cifras. La dispersión geográfica de los crímenes fortalece el argumento de que los ‘falsos positivos’ constituyeron un ‘plan sistemático’, evidenciando una política militar que trascendía operaciones puntuales. La decisión de la Cámara de Apelaciones se espera con gran expectación, representando un hito potencial en la lucha contra la impunidad y por la rendición de cuentas en América Latina.
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