El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido la Licencia General No. 57, una disposición que reautoriza transacciones de servicios financieros con el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras instituciones bancarias del sector público. Esta medida, de profundo calado geopolítico y económico, ha provocado una inmediata reacción en el mercado venezolano de activos digitales. En cuestión de minutos, la stablecoin USD Tether (USDT) experimentó un descenso de aproximadamente 10 bolívares, equivalente a una caída del 2% en las principales plataformas de intercambio entre pares (P2P).
Este significativo movimiento bursátil se explica por el cese de la presión sobre el tipo de cambio paralelo, una consecuencia directa del **levantamiento de sanciones**. Al permitir nuevamente el mantenimiento de cuentas, la realización de transferencias de fondos y la ejecución de operaciones de cambio de moneda a través de los entes bancarios públicos, se anticipa una mayor oferta de divisas oficiales. Históricamente, en un contexto de restricciones severas, el USDT se había consolidado como el principal referente del mercado informal en Venezuela, suplantando en muchos segmentos a los indicadores tradicionales y funcionando como un crucial mecanismo de resguardo de valor frente a la erosión monetaria.
Las sanciones impuestas previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. habían aislado de facto al sistema bancario público venezolano del circuito financiero internacional. Esta situación generó una dependencia pronunciada de canales informales y de soluciones basadas en criptoactivos para la movilización de capitales y remesas, así como para la fijación de precios en la economía real. La reintegración parcial del BCV al sistema financiero global busca mitigar esta distorsión, abriendo vías legales y reguladas para la gestión de divisas.
El economista y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros ha subrayado la trascendencia de esta flexibilización para el sistema financiero venezolano. Según Oliveros, la medida es ‘clave’ para dotar de mayor profundidad al mercado cambiario y facilitar el flujo de asignación de divisas al permitir una participación más amplia de bancos. Esta perspectiva resalta el potencial para una mayor transparencia y eficiencia en las transacciones de moneda extranjera, alejándose progresivamente de la opacidad que caracterizaba a los mercados informales.
La normativa, firmada el 14 de abril de 2026, revoca restricciones sobre instituciones esenciales como el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. Oliveros señaló que el impacto para el ciudadano se materializará en una diversificación de las herramientas financieras disponibles. La Licencia General No. 57 no solo habilita servicios de tarjetas de débito y crédito, sino también el uso de carteras digitales y transferencias internacionales, lo cual es fundamental para que el flujo de moneda extranjera no quede constreñido a mecanismos limitados y opacos.
No obstante el optimismo inicial evidenciado en la depreciación del USDT, el analista advierte que la plena normalización del mercado cambiario requiere de ajustes estructurales adicionales. Si bien la decisión facilita enormemente la operatividad, son necesarios otros elementos fundamentales, como la consolidación fiscal y un diseño óptimo de la subasta cambiaria, para asegurar una estabilidad sostenida. Este paso se presenta como una etapa inicial en un proceso más amplio de reordenamiento económico.
La entrada en vigor de esta licencia marca una inflexión en la política de sanciones de la OFAC. Al reintegrar parcialmente a la banca pública venezolana en el flujo financiero internacional, se abre una oportunidad para gestionar pagos y remesas por vías legales, lo que podría reducir la dependencia y el protagonismo de los mercados informales de activos digitales que, hasta ahora, habían sido la principal vía para la movilidad de capitales. La viabilidad a largo plazo de estos cambios dependerá de la continuidad de políticas coherentes y de la capacidad del país para implementar reformas estructurales complementarias.
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