El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha delineado una hoja de ruta conceptual para la tokenización de activos financieros, publicada el 1 de abril, que marca una clara divergencia con el paradigma de las criptomonedas descentralizadas. El documento, autoría de Tobias Adrian, director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital, promueve un sistema de registros distribuidos con permisos, operado por entidades reguladas y anclado firmemente en el dinero emitido por los bancos centrales. Esta visión excluye explícitamente las redes públicas, abiertas y sin permisos que constituyen la base operativa de Bitcoin, Ethereum y la mayoría de los criptoactivos actuales.
La distinción es crucial: mientras el FMI reconoce los beneficios de la tokenización dentro del marco financiero regulado —como el asentamiento en tiempo real, la gestión continua de liquidez y el cumplimiento normativo integrado—, mantiene un silencio elocuente respecto a las redes de criptomonedas abiertas. En sus 19 páginas de análisis técnico, el organismo no hace mención directa a Bitcoin ni a Ethereum, sugiriendo una omisión deliberada. Sin embargo, sí enfatiza la necesidad de mecanismos de intervención que permitan pausar o ajustar contratos inteligentes en situaciones de emergencia, una funcionalidad que es inherentemente incompatible con la inmutabilidad y el diseño descentralizado de las blockchains públicas.
El análisis del FMI clasifica el dinero tokenizado en tres categorías: depósitos bancarios comerciales tokenizados, stablecoins reguladas respaldadas por activos seguros y monedas digitales mayoristas de bancos centrales. Es relevante destacar que el documento equipara las stablecoins, incluso aquellas con respaldo de alta calidad, a los fondos del mercado monetario. Esta analogía funcional implica que las stablecoins privadas, en la arquitectura propuesta por el FMI, no serían consideradas activos de asentamiento definitivos, sino instrumentos que requieren un sólido respaldo público para asegurar la estabilidad sistémica.
Como solución preferida, el FMI propone el modelo de «moneda digital sintética de banco central» (sCBDC), en el cual emisores privados, respaldados al cien por ciento con reservas del banco central, ofrecerían tokens regulados. Bajo este esquema, la innovación tecnológica se concentra en la capa de aplicación privada, mientras que el control del asentamiento definitivo y la soberanía monetaria permanecen inequívocamente en manos del banco central. Para salvaguardar esta arquitectura, el organismo establece cinco pilares fundamentales: dinero seguro, igualdad de reglas aplicando el principio de ‘misma actividad, mismo riesgo, mismas normas’, claridad legal, conexión internacional mediante estándares armonizados y planes de emergencia adaptados a sistemas 24/7.
A pesar de esta exhaustiva propuesta, el FMI no deja de advertir sobre los riesgos inherentes a la tokenización, especialmente para las economías en desarrollo. Estos incluyen la aceleración de flujos de capital volátiles debido a la automatización, la potencial sustitución de las monedas locales por stablecoins denominadas en divisas fuertes, y la consecuente erosión de la soberanía monetaria. Tales preocupaciones subrayan la cautela del organismo frente a la adopción descontrolada de estas tecnologías en mercados más vulnerables.
Sin embargo, el documento del FMI omite abordar la trayectoria real y acelerada del mercado. Mientras el organismo articula su marco regulatorio, el valor total de activos del mundo real (RWA) tokenizados en redes públicas ha superado significativamente los USD 17.000 millones, según reportes especializados. Este crecimiento institucional fuera del perímetro deseable por el FMI evidencia una desconexión entre la propuesta teórica y la realidad del mercado. La nota culmina con una advertencia sobre la urgencia de moldear la arquitectura del sistema financiero tokenizado, una ventana que no permanecerá abierta indefinidamente, reiterando el imperativo de que los bancos centrales mantengan el control del asentamiento definitivo y releguen las redes abiertas fuera del ámbito regulado.
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