La reciente conmemoración del Día Mundial de la Salud en Colombia, bajo el lema ‘Escuchar para cuidar el derecho a la salud’, ha puesto de manifiesto una vez más la complejidad y la urgencia de garantizar el acceso universal a servicios sanitarios de calidad. Este encuentro, impulsado por la Defensoría del Pueblo y la OPS/OMS Colombia, no solo celebró los avances, sino que también iluminó las persistentes brechas que impiden a millones de personas ejercer plenamente su fundamental derecho a la salud.
Desde la constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1948, el ‘Derecho a la Salud’ ha sido reconocido como un pilar inalienable para todo ser humano, independientemente de su raza, religión, ideología política o condición económica y social. Este principio, posteriormente reafirmado en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subraya una visión de la salud que trasciende la mera ausencia de enfermedad, concibiéndola como un estado completo de bienestar físico, mental y social. No obstante, la disparidad en su aplicación global sigue siendo un reto formidable.
A pesar de los progresos significativos hacia la Cobertura Universal en Salud (CUS) en muchas naciones, las barreras estructurales persisten, especialmente en regiones de bajos ingresos y entre poblaciones vulnerables. Factores como la insuficiencia de infraestructura médica, la escasez de personal sanitario calificado y los elevados costos de los tratamientos continúan siendo obstáculos infranqueables. Además, en el contexto actual, la adopción de tecnologías como la telemedicina se perfila como una estrategia vital para mitigar las limitaciones geográficas y expandir el acceso a la atención, un factor crítico en países con vastas zonas rurales y dispersas.
La experiencia acumulada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la atención primaria en salud (APS) como la piedra angular de cualquier sistema sanitario equitativo y sostenible. Inspirada en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y reafirmada en Astaná en 2018, la APS no es solo un nivel de atención, sino un enfoque integral que prioriza la prevención, la promoción y la participación comunitaria. Su fortalecimiento es crucial para integrar los saberes locales y ancestrales, respetando la diversidad cultural de cada población.
El financiamiento adecuado y transparente representa otro desafío cardinal. Asegurar que los recursos económicos se asignen de manera eficiente y prioricen la vida por encima de cualquier otro interés, es esencial para la viabilidad de los sistemas de salud. La articulación entre el Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado es indispensable para crear alianzas estratégicas que permitan consolidar un marco de gobernanza sólido y ético, capaz de responder a las necesidades cambiantes de la población y a las emergencias sanitarias globales.
En consonancia con el lema global ‘Juntos por la Ciencia’, es imperativo que las decisiones en materia de salud pública se basen en la evidencia científica más robusta. La investigación y la innovación médica deben estar al servicio de todos, garantizando que sus beneficios lleguen a las comunidades más remotas y desfavorecidas. Este enfoque basado en datos es la única vía para desarrollar políticas sanitarias efectivas y sostenibles que promuevan la equidad y la justicia social en el ámbito de la salud a nivel planetario.
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