Un reciente informe de America’s Voice ha puesto de manifiesto cómo la política de ‘deportaciones masivas’ implementada por la administración del expresidente Donald Trump ha generado repercusiones económicas significativas en Estados Unidos. El estudio, denominado ‘The Everyday Cost of Mass Deportation’ o ‘ICE Tax’, sostiene que el costo de estas medidas migratorias recae directamente sobre los hogares estadounidenses, manifestándose en un encarecimiento de bienes y servicios esenciales, así como en una palpable desaceleración de la actividad económica.
Este fenómeno, que los autores del informe sustentan con estadísticas oficiales y estudios académicos, señala cuatro indicadores clave de impacto. Primero, un aumento acelerado de precios en sectores altamente dependientes de la mano de obra inmigrante. Segundo, una notable contracción en la industria de la construcción y, consecuentemente, un alza en el costo de la vivienda. Tercero, la pérdida de cientos de miles de empleos, que incluye tanto a trabajadores inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses. Finalmente, una reducción sostenida del consumo en las comunidades que experimentan un incremento en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), reflejando un patrón de disrupción que va más allá de las cifras directas de deportación.
El sector agrícola ilustra de manera contundente esta dinámica. Mientras la inflación subyacente en EE.UU. se mantuvo en un 2.6% durante los doce meses previos a junio del año en curso, productos como la lechuga (32.1%), frutas enlatadas (7.9%) y lácteos frescos (5.5%-9%) registraron incrementos muy superiores. Esta disparidad se explica porque aproximadamente el 68% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes, y gran parte de estos alimentos se producen internamente, evidenciando que la reducción de esta fuerza laboral, vital para la cadena de suministro, es un factor directo en el alza de los precios al consumidor y no meramente una consecuencia de las importaciones.
Más allá de la agricultura, otros servicios esenciales también han experimentado un encarecimiento desproporcionado. El mantenimiento de áreas verdes y el cuidado de salud en el hogar, servicios que no pueden ser deslocalizados, aumentaron un 10.8% y 10.7% respectivamente, muy por encima de la inflación general. En estos sectores, los inmigrantes constituyen una proporción significativa de la fuerza laboral (39% en jardinería y casi 40% en cuidado domiciliario). La incertidumbre y el temor a las detenciones han llevado incluso a trabajadores con estatus legal a ausentarse de sus puestos, generando escasez y encarecimiento en un contexto donde la demanda de cuidado para una población que envejece está en constante crecimiento.
El impacto en el sector de la construcción ha sido igualmente severo. Estados como California, Florida, Nevada, Nueva Jersey y Nueva York, con una alta dependencia de trabajadores inmigrantes (26% de la fuerza laboral, casi la mitad indocumentados), vieron una caída del 1.3% en el empleo de la construcción, mientras que el resto del país experimentó un crecimiento del 3.3%. Esta reducción de mano de obra se ha traducido directamente en una disminución de permisos para construir viviendas unifamiliares y un notable aumento en el precio de las viviendas nuevas, añadiendo más de 100,000 dólares al costo promedio de una vivienda en el noreste, lo que agrava la crisis de asequibilidad habitacional.
La afectación trasciende las métricas económicas frías y alcanza el tejido social de las comunidades. Ejemplos como Laredo, Texas, donde los arrestos mensuales de ICE se dispararon de seis a 803 tras el inicio de los operativos, demuestran la rápida desestabilización. La reducción del gasto de los consumidores en un 6.2% y una caída del 2.7% en el flujo de clientes hacia los negocios locales tras las redadas, como documenta la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, subraya una atmósfera de miedo que deprime la actividad comercial. Adicionalmente, la Corte Suprema permitió en junio la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de personas, incluyendo trabajadores esenciales, lo que promete exacerbar la escasez de mano de obra y el encarecimiento de servicios cruciales, como el cuidado de adultos mayores.
El informe calcula una pérdida estimada de 668,000 empleos debido a la intensificación de las operaciones migratorias, de los cuales entre 51,000 y 297,000 correspondían a trabajadores nacidos en Estados Unidos. La construcción fue el sector más golpeado, con alrededor de 102,000 puestos de trabajo desaparecidos. Los pequeños negocios han sufrido de manera desproporcionada, experimentando caídas del gasto de los consumidores cercanas al 11% frente al 5% en grandes cadenas. Esta contracción económica, que no se ha visto compensada por un aumento significativo en las compras en línea, amenaza la viabilidad de miles de empresas locales que son pilares de sus comunidades.
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