EE.UU. atacó Irán porque estaba a pocas semanas de lograr la bomba nuclear

El programa nuclear iraní, presentado por Trump como la razón central para ordenar el ataque del 28 de febrero, es el hilo más persistente de la confrontación entre Washington y Teherán desde hace más de dos décadas. La pelea no es solo si Irán quiere o no una bomba, sino cuánto tarda en poder construirla si toma esa decisión, qué capacidad industrial conserva y qué margen real tienen los inspectores internacionales para verificarlo. En la Casa Blanca lo traducen a un cálculo político: el día que Irán pudiera rozar el 90% con rapidez, el coste de frenarlo se disparaba y la ventana de decisión se estrecharía hasta quedar reducida a unas horas.

Los orígenes del programa se remontan en realidad a antes de la Revolución Islámica de 1979, pero el foco estadounidense se enciende en 2002, cuando un grupo opositor denunció la existencia de instalaciones nucleares secretas y el asunto dejó de ser un proyecto energético para convertirse en una crisis de proliferación en pleno ciclo posterior al 11-S. Desde entonces, Irán ha defendido que su programa es civil y que tiene derecho a enriquecer uranio como Estado soberano, mientras Estados Unidos y sus aliados han leído ese enriquecimiento como el punto de partida técnico del camino hacia un arma nuclear, porque quien domina el ciclo del combustible reduce su dependencia exterior y gana autonomía estratégica.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha sostenido que, hasta 2003, Irán desarrolló un «programa estructurado» con actividades relevantes para un dispositivo nuclear. La evaluación posterior dominante en la inteligencia occidental fue que Teherán detuvo un programa formal de armas ese año, pero no abandonó conocimientos, infraestructura ni la capacidad de aproximarse de nuevo a esa meta. Ese matiz —no hay bomba declarada, pero sí toda una plataforma industrial y científica— es lo que alimentaba la tensión permanente: sanciones cuando avanzaba, negociación cuando se estancaba, amenazas cuando se aceleraba.

Hubo mucha presión hasta que Barack Obama decidió abrir una vía de deshielo con límites y verificación. El acuerdo de 2015 intentó cerrar el debate con un intercambio clásico: restricciones a la producción y un régimen de inspecciones de la OIEA a cambio de alivio de sanciones. En términos prácticos, Washington aceptaba que Teherán siguiera enriqueciendo, pero a niveles bajos y bajo vigilancia intensa. La lógica era ganar tiempo y previsibilidad.

La objeción, desde el primer día, fue política: el pacto nacía con un problema interno en Estados Unidos y con una contestación frontal de Israel. Los republicanos y Benjamín Netanyahu lo consideraron demasiado permisivo por su carácter temporal y por dejar fuera el programa de misiles y la red de milicias aliadas de Irán en la región. Netanyahu fue invitado entonces a repudiarlo en el Capitolio, en una escena que tensó la relación con los demócratas y dejó el acuerdo marcado como una herencia frágil.

Trump, en su primer mandato, retiró a Estados Unidos del pacto en 2018 y reimpuso sanciones dentro de una estrategia de «máxima presión». Su argumento fue que el acuerdo era insuficiente y que, a largo plazo, normalizaba a Irán como potencia nuclear latente.

A partir de ahí, Irán dejó de cumplir gradualmente los límites del acuerdo y fue escalando el programa. Con el tiempo, el enriquecimiento avanzó hacia niveles que ya no encajan con un uso civil, deel 60%. No es grado militar, que suele situarse en torno al 90%, pero es un escalón muy, muy cercano.

En términos técnicos, enriquecer hasta el 60% implica haber completado la parte más costosa del proceso; el tramo final hasta el 90% puede ser más rápido si ya existe material y si las cascadas de centrifugadoras están disponibles. El director general del OIEA, Rafael Grossi, lo ha descrito como «cuestión de semanas, no de meses ni años» para enriquecer del 60% al 90%.

En junio de 2025, antes de que Estados Unidos atacara, el OIEA manejaba cifras de un stock significativo de uranio al 60%, y se citaba que alrededor de unos 42 kilos de ese material podría bastar, si se enriquece más, para el material de una bomba.

La inteligencia estadounidense, por su parte, hablaba de plazos cortos para producir uranio de grado militar si existiera la decisión política: probablemente menos de una semana para acumular material suficiente para una primera bomba, mientras que construir un artefacto podría llevar meses.

Ese escenario llevó al ataque del 27 de junio de 2025 contra Fordow, Natanz e Isfahan, las instalaciones nucleares de Iran, presentado por Trump como una demolición del programa. La OIEA habló de daños severos, pero no de destrucción total, y la gran incógnita se mantuvo, ¿cuánto material quedó, dónde estaba y cuánto podía reconstituirse?

Tras esos golpes, el organismo retiró inspectores por seguridad y la cooperación se degradó. Hubo inspecciones posteriores, pero no en las instalaciones golpeadas, y se habló de actividad «no explicada» en emplazamientos relacionados con el programa. Imágenes via satélite mostraron trabajos en edificios dañados y signos de actividad. La lectura en Washington fue doble: Irán había perdido infraestructura, pero no su conocimiento; podía reconstruir, aunque fuera más lento, y además podía jugar con la opacidad para aumentar la incertidumbre.

La Casa Blanca volvió a la vía diplomática en febrero de 2026 con negociaciones en Ginebra, en paralelo a un despliegue militar en la región que funcionaba como presión y como recordatorio. Esta ronda se desarrolló con demandas máximas. Los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner fueron a exigir que Irán desmantelara sus tres principales instalaciones nucleares (Fordow, Natanz e Isfahan) y entregara todo su uranio enriquecido restante a Estados Unidos. Washington también planteó que cualquier nuevo acuerdo no tuviera fecha de caducidad, es decir, que fuera «para siempre» y no incluyera cláusulas que vayan levantando restricciones con el paso del tiempo.

Washington ofrecía alivio de sanciones limitado, gradual y condicionado a cumplimiento prolongado. Teherán buscaba alivio sustancial y rápido para una economía debilitada y un clima social que, según el relato de la propia Administración Trump, se estaba volviendo explosivo. En esa negociación, el programa nuclear no era solo una cuestión técnica: fue el último gran instrumento de presión que conservaba Irán y el argumento más potente de Trump para justificar una escalada militar si no había acuerdo.