En los últimos días ha tomado forma en Washington y en el ecosistema mediático afín al trumpismo una campaña dirigida contra María Corina Machado. No es una posición oficial de la Casa Blanca, sino un flujo constante de mensajes, comentarios de activistas y filtraciones … atribuidas a fuentes anónimas que apuntan en la misma dirección: la líder opositora venezolana estaría incomodando a parte del entorno de Donald Trump por su estrategia política en Estados Unidos.
El reproche central es su insistencia en mantener el expediente venezolano en clave bipartidista. Machado se ha reunido con el presidente y con responsables republicanos, pero también con legisladores demócratas. Para sus críticos, esa interlocución sería innecesaria e incluso contraproducente en un momento en que la transición venezolana se presenta como un logro de la actual Administración.
Medios como Politico han publicado informaciones basadas en fuentes anónimas próximas a la Casa Blanca que reflejan frustración por sus declaraciones sobre el calendario electoral. Según ese artículo, un asesor afirmó que sus comentarios sobre la posibilidad de celebrar elecciones en menos de un año «no sentaron bien» a algunos. Otro interlocutor consideró que un plazo de 24 meses sería más realista y que estratégicamente no debería fijar tiempos concretos.
Fuentes consultadas por ABC ofrecen otra lectura. Sostienen que Machado mantiene contacto directo con el presidente y con el núcleo que toma decisiones sobre Venezuela, y que en ese entorno se entiende que cualquier paquete relevante de ayuda, préstamos o garantías financieras requerirá respaldo del Congreso. La mayoría republicana en la Cámara es estrecha y podría ajustarse aún más tras las elecciones parciales de noviembre. Sin votos demócratas, determinadas medidas presupuestarias o instrumentos financieros no prosperarían.
La cuestión es aritmética. Si la transición implica asistencia económica estadounidense o mecanismos vinculados al sector energético, esos instrumentos deben ser aprobados en el Capitolio. En ese marco, el respaldo transversal no es un gesto simbólico, sino una necesidad legislativa. La política hacia Venezuela ha contado en distintas etapas con apoyo de ambos partidos, especialmente en materia de sanciones y exigencia de condiciones electorales.
Fuentes anónimas próximas a la Casa Blanca que reflejan frustración por sus declaraciones sobre el calendario electoral
La campaña contra Machado ha sido amplificada por figuras del entorno trumpista. Richard Grenell, enviado especial de Trump que mantuvo contactos directos con Nicolás Maduro y participó en negociaciones para la liberación de ciudadanos estadounidenses, compartió en redes la llegada a Caracas del presentador Rob Schmitt y del CEO de Newsmax, Chris Ruddy, para informar sobre el plan ‘Make Venezuela Great Again’, vinculado a Trump y al secretario de Estado Marco Rubio. Se promocionaron reportes en directo desde Caracas como prueba de un avance diplomático.
Sin embargo, la situación de la libertad de prensa en Venezuela sigue siendo restrictiva. Organizaciones internacionales denuncian que el acceso de periodistas extranjeros es limitado y depende de autorizaciones discrecionales. Reporteros han sido deportados o impedidos de entrar, y comunicadores locales han enfrentado detenciones y procesos judiciales. La presencia puntual de determinados medios con permisos especiales no equivale a una apertura general del sistema informativo.
A esta narrativa se han sumado activistas como Laura Loomer y Roger Stone. Loomer ha cuestionado públicamente la visibilidad y la agenda de Machado en Washington. Stone, aliado histórico de Trump, ha promovido a figuras alternativas dentro del universo opositor venezolano, presentándolas como más alineadas con la base conservadora estadounidense, pero que carecen de influencia dentro de Venezuela. Estas posiciones no constituyen una línea oficial, pero influyen en el debate público.
Modelo de transición
El trasfondo es el modelo de transición. Tras la captura de Maduro el 3 de enero, Estados Unidos abrió una hoja de ruta que incluye normalización diplomática gradual, reformas políticas y ajustes en el sector energético. El 2 de febrero se informó de una reunión en Miraflores entre Delcy Rodríguez y la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, para abordar un plan por fases promovido por Marco Rubio. Se han producido liberaciones de presos y se discute una nueva ley petrolera que podría facilitar exportaciones a Estados Unidos.
Machado defiende que la transición debe incorporar garantías electorales claras y un respaldo institucional amplio en Washington. Sus detractores consideran que esa estrategia introduce fricciones innecesarias con el ala más dura republicana. Sus partidarios replican que sin apoyo demócrata no habrá presupuestos ni instrumentos financieros suficientes y que convertir la política hacia Venezuela en un asunto exclusivamente partidista reduciría su viabilidad legislativa.
Mientras tanto, la Administración mantiene contactos con el Gobierno interino en Caracas y evalúa el alcance real de los cambios. Aunque se han producido gestos de apertura, persiste cautela sobre la profundidad de las reformas y sobre la consolidación del nuevo equilibrio interno.
