La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha promulgado una ley trascendental que somete a los proveedores de servicios de activos virtuales a un riguroso marco de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esta iniciativa, aprobada por unanimidad en segundo debate, marca un hito en la adaptación del país a las exigencias globales en materia de transparencia financiera. La Regulación de Criptoactivos en la nación centroamericana se alinea con la creciente necesidad internacional de integrar los mercados digitales en la arquitectura antilavado tradicional, salvaguardando la integridad del sistema financiero nacional.
La urgencia de esta medida se deriva directamente de las presiones ejercidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad intergubernamental cuyo mandato es desarrollar y promover políticas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo a nivel mundial. El GAFI había señalado a Costa Rica por una laguna regulatoria significativa respecto a las empresas que operan con criptoactivos, advirtiendo sobre el riesgo inminente de ser incluida en su ‘lista gris’. Esta designación acarrearía consecuencias económicas severas, como el encarecimiento del acceso a créditos internacionales y una palpable erosión de la confianza en el sistema bancario costarricense por parte de inversionistas y organismos multilaterales.
La reforma a la Ley 7786, tramitada bajo el expediente 25.340, establece definiciones claras y responsabilidades específicas. Un ‘activo virtual’ se define como toda representación digital de valor susceptible de comercio o transferencia digital con fines de pago o inversión, sin ser moneda de curso legal. Asimismo, se clasifica como ‘proveedor de servicios de activos virtuales’ a toda persona, física o jurídica, que realice operaciones de intercambio entre criptoactivos y monedas fiduciarias, transferencias, o bien, la custodia y administración de dichos activos. Estas precisiones son fundamentales para delimitar el alcance de la supervisión y garantizar una aplicación uniforme de la normativa.
Las obligaciones impuestas a los actores del ecosistema cripto son exhaustivas y reflejan los estándares internacionales. Incluyen la identificación inequívoca de clientes y beneficiarios finales, la aplicación de procesos de debida diligencia conforme al riesgo, el meticuloso mantenimiento de registros de transacciones y la pronta notificación de operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). La ley también exige la inscripción obligatoria de estos proveedores ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), subrayando que dicha inscripción no confiere una autorización tácita para operar, sino que es un requisito de supervisión. Las penalizaciones por incumplimiento son significativas, oscilando entre el 5% y el 50% del monto de la transacción ilícita o hasta 100 salarios base por faltas a los deberes de registro y diligencia.
A pesar de la relevancia de esta legislación, voces autorizadas dentro del propio sector han manifestado que la reforma, por sí misma, podría resultar insuficiente para otorgar la seguridad jurídica integral que el ecosistema digital demanda. La abogada Stephanie Sánchez, entre otros expertos, ha señalado que iniciativas previas para una regulación más abarcadora no prosperaron, dejando al descubierto la necesidad de un marco legal más robusto que no solo prevenga ilícitos, sino que también fomente la innovación y la confianza. En este contexto, la Asociación Blockchain de Costa Rica (Asoblockchain) ha impulsado una consulta pública sobre una ‘propuesta de ley marco’, aspirando a construir un ‘Código Civil’ para la industria descentralizada que aborde holísticamente los desafíos y oportunidades de la economía digital.
La entrada en vigor de esta ley está supeditada a su reglamentación en un plazo de tres meses, seguida de otros tres meses tras su publicación oficial. Este periodo crítico determinará la efectividad operativa de la norma, dependiendo en gran medida de la capacidad de la Sugef para establecer mecanismos de supervisión ágiles y adaptables a la dinámica del mercado de activos virtuales. Este movimiento legislativo es, sin duda, un paso adelante fundamental, pero el debate sobre la formulación de una política pública integral para la economía digital costarricense, que equilibre la prevención de riesgos con el impulso a la innovación, apenas comienza. La comunidad internacional y los actores locales estarán atentos a los próximos desarrollos.
Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
