La actual contienda presidencial en Colombia plantea una interrogante fundamental sobre la viabilidad de la reconciliación política nacional. Lo que debería ser un ejercicio democrático de reconocimiento mutuo entre ‘interlocutores válidos’, como lo conceptualizó Jürgen Habermas, se ha transformado en una pugna marcada por la descalificación y la demonización del adversario. Esta polarización extrema amenaza los cimientos mismos de la convivencia social y los principios democráticos. La campaña, lejos de ser un espacio para el debate constructivo, se ha enfrascado en una retórica de confrontación que recuerda más a un conflicto bélico que a un proceso electoral civilizado.
El ‘modo guerra’ de hacer política que impera entre los principales aspirantes a la presidencia ignora el mandato constitucional colombiano que establece la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Artículo 22). Norberto Bobbio, con su perspicaz análisis de la democracia, sostuvo que esta solo florece cuando los contendientes comprenden que el costo de eliminar al otro supera con creces el de la coexistencia. En Colombia, sin embargo, la búsqueda de la deslegitimación del contrario a través de la violencia simbólica y retórica ha precedido históricamente a la violencia letal, un patrón preocupante que se vislumbra nuevamente en el discurso político actual.
Un factor persistente en esta dinámica es la instrumentalización de las historias personales y familiares de los candidatos. Las afiliaciones políticas se entrelazan con filiaciones históricas, utilizando el pasado de sus ancestros para estigmatizar y desautorizar. Ejemplos claros son los vínculos familiares de Paloma Valencia con un expresidente que ordenó bombardeos históricos, o la trágica historia familiar de Iván Cepeda ligada a la violencia paramilitar. Esta revisión del pasado, en lugar de fomentar una reflexión crítica, se convierte en un arma arrojadiza que intensifica la animosidad y dificulta cualquier puente de entendimiento entre las facciones políticas.
Resulta alarmante la proliferación de campañas sustentadas en una auto-proclamada superioridad moral, donde cada candidato se erige como el único ‘salvador nacional’ con la fórmula infalible para resolver los problemas del país. Esta visión mesiánica, lejos de ser pragmática, fomenta el fanatismo y el sectarismo en el electorado, promoviendo una visión binaria de ‘buenos’ contra ‘malos’ o ‘patriotas’ contra ‘comunistas’. La incapacidad de estos líderes para la autocrítica y el reconocimiento de limitaciones genera expectativas irrealistas que, de no cumplirse en el ejercicio del poder, pueden derivar en frustración social y una mayor polarización.
Ante este panorama, la exigencia de adherencia a la Constitución se vuelve imperativa. El Presidente de la República, según el Artículo 188, ‘simboliza la unidad nacional’ y se obliga a ‘garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos’. La retórica divisoria de la campaña presidencial, que fragmenta a la sociedad en categorías polarizadas, contradice directamente este principio fundamental. La ciudadanía, consciente de su rol, debe demandar un liderazgo que promueva la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general, tal como lo establece el Artículo 1 de la Carta Magna. Es crucial que el próximo mandatario, más allá de promesas electorales, esté comprometido con la ‘reconciliación política nacional’ y no con la profundización de la confrontación.
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