La administración del presidente Gustavo Petro en Colombia ha formalizado la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad, una promesa cardinal de su campaña y un pilar fundamental en la agenda de la vicepresidenta Francia Márquez. Esta decisión, materializada a través de un decreto presidencial, marca un punto de inflexión crítico para el gobierno y su visión de reducir las disparidades sociales históricas, generando de inmediato incertidumbre entre cientos de empleados y cuestionamientos sobre la eficacia institucional.
El proceso de desmantelamiento no es iniciativa repentina, sino el epílogo de una contienda legal que inició con una demanda de la senadora Paloma Valencia ante la Corte Constitucional. La objeción principal radicó en vicios de procedimiento legislativo, específicamente la ausencia del aval fiscal preceptivo. La Corte, al acoger la argumentación, concedió al Gobierno un plazo perentorio de dos años para subsanar tales irregularidades, lapso que culminó sin éxito el pasado 20 de junio.
La demora gubernamental en la reintroducción del proyecto y la subsiguiente obstrucción parlamentaria por parte de la oposición resultaron determinantes. A pesar de esfuerzos tardíos por buscar sesiones extraordinarias, la rigurosidad de la ley y el vencimiento de los términos impidieron cualquier maniobra de último minuto. Esta cadena de eventos pone de manifiesto las complejidades inherentes a la articulación de nuevas estructuras estatales en un entorno político polarizado.
Más allá de los obstáculos jurídicos y legislativos, el Ministerio de la Igualdad y Equidad enfrentó severas críticas respecto a su operatividad. Durante sus aproximadamente tres años, fue señalado por bajos niveles de ejecución presupuestaria, reportando un irrisorio 2.4% de avance a cierre de 2024. Este magro desempeño, sumado a recurrentes denuncias de ineficiencia administrativa y posible corrupción, erosionó su legitimidad y lo convirtió en un símbolo de derroche para sus detractores.
La disolución de esta cartera ministerial representa un revés político significativo para la administración Petro, que había postulado su creación como un emblema de compromiso con poblaciones históricamente marginadas: jóvenes, mujeres, comunidades diversas, personas con discapacidad y grupos étnicos. La promesa de articular políticas públicas focalizadas para estos segmentos se ve comprometida, lo que plantea interrogantes sobre cómo se abordarán estas brechas de desigualdad en el futuro inmediato.
La fase de liquidación implica un proceso administrativo complejo. Un agente liquidador, nombrado por la Presidencia, asumirá la representación legal de la entidad, con responsabilidades que abarcan desde la custodia de bienes hasta el cobro de acreencias, la suscripción de contratos indispensables para el cierre y la rendición de informes. Este meticuloso procedimiento, que se estima tomará hasta un año, busca asegurar una transición ordenada de las funciones y activos remanentes.
La controversia alrededor del Ministerio de la Igualdad y su eventual desaparición subraya el persistente desafío que enfrenta Colombia en la búsqueda de equidad social y la construcción de institucionalidad eficaz. Este episodio no solo refleja las tensiones políticas y legales, sino también la exigencia de transparencia y rigor en la gestión pública, especialmente en iniciativas que buscan impactar profundamente las estructuras sociales del país.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
