Colombia se encuentra en una ‘encrucijada histórica’ de proporciones trascendentales, donde la elección actual determinará el rumbo de su sistema político. El país se debate entre la profundización de una verdadera transición democrática y el riesgo inminente de consolidar una forma de gobierno cacocrática. Esta disyuntiva no es meramente retórica; encapsula la lucha por preservar los ideales de la Constitución de 1991, nacida de un clamor por la paz y el fin de la violencia narcoterrorista que segó la vida de líderes políticos y cooptó instituciones, buscando establecer los cimientos de un Estado social de derecho.
La Constitución de 1991 representó un pacto nacional para desactivar la espiral de violencia y criminalidad que amenazaba con desmantelar la nación. Su génesis incluyó la participación de grupos insurgentes desmovilizados, un gesto audaz que buscaba integrar diversas voces en la construcción de un futuro más equitativo. Esta carta magna, con su énfasis en la dignidad humana, la igualdad real y la paz como un derecho y un deber, delineó un horizonte democrático claro, concibiendo la política como un medio para garantizar la convivencia y el respeto por la pluralidad de intereses, valores e identidades.
En contraste, la cacocracia, definida como el ‘gobierno de malvados’ o ‘ineptos’, se nutre de una política desprovista de ética y orientada al beneficio particular, donde los derechos ciudadanos son sistemáticamente vulnerados por la fuerza, la trampa o la interpretación sesgada de la ley. Este modelo de gobierno suele arraigarse en sociedades aquejadas por taras culturales y políticas como el clasismo, el racismo, el machismo, la homofobia y la xenofobia. Dichos prejuicios no solo degradan la dignidad humana, sino que reducen la política a un ejercicio de poder coercitivo, justificado por la discriminación y la represión de quienes no se alinean con sus intereses, incluso llegando al uso arbitrario del poder estatal contra opositores.
La experiencia colombiana ofrece precedentes preocupantes de esta deriva. Durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se observaron manifestaciones explícitas de prácticas que colindan con la cacocracia, especialmente en el contexto de la ‘parapolítica’ y la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial. Este periodo marcó un punto de inflexión, al legitimar en las urnas acciones obtenidas mediante la coacción o la ilegalidad, creando un peligroso precedente donde el ‘fin justificaba los medios’, y la ética pública era suplantada por simpatías personales y el miedo atávico al diferente. Esta dinámica ha perpetuado un ciclo donde la ciudadanía ha sido interpelada a elegir entre la promesa de seguridad a ultranza y la defensa de los principios democráticos fundamentales.
En el presente ciclo electoral, la contienda personifica esta dicotomía. Uno de los candidatos, Abelardo de la Espriella, emerge como el abanderado de una agenda que evoca las promesas de ‘mano dura’ y ‘seguridad a toda costa’ que caracterizaron periodos anteriores. Sus propuestas, que incluyen la ‘motosierra’ del Estado al estilo de ciertas tendencias ultraderechistas internacionales y una retórica nacionalista exacerbada, buscan capitalizar el miedo y la frustración social. Sin embargo, su historial de asesorías a figuras controvertidas y su retórica divisiva plantean serios interrogantes sobre la verdadera naturaleza de su compromiso con los valores democráticos y el respeto por las minorías. Esta visión podría, según analistas, solidificar una cultura política donde la legalidad es maleable y la autoridad se impone sobre el consenso.
Frente a esta propuesta se erige Iván Cepeda, cuya candidatura simboliza la continuidad de la difícil senda de la transición democrática, a pesar de los desafíos y desencantos de la administración saliente. Cepeda, reconocido por su defensa de los derechos humanos y su constante búsqueda de la paz, representa la opción que busca fortalecer las instituciones, la justicia social y el diálogo como pilares de la gobernabilidad. Su propuesta se alinea con los principios constitucionales de igualdad y dignidad, abogando por un Estado que promueva la inclusión y la resolución pacífica de conflictos, elementos esenciales para evitar el resurgimiento de una cacocracia que priorice los intereses particulares sobre el bien común.
La decisión que enfrentan los votantes colombianos este domingo no es solo una elección de gobierno; es una definición profunda sobre el tipo de sociedad que desean construir. Es la oportunidad de reafirmar el compromiso con la democracia, sus instituciones y sus valores éticos, o de ceder ante las tentaciones de un liderazgo que promete soluciones rápidas a expensas de las libertades y los derechos fundamentales. La magnitud de esta decisión subraya la afirmación de Gabriel García Márquez, para quien lo inverosímil es la única medida de la realidad colombiana, dado el constante vaivén entre la esperanza y la decepción política.
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