La República de Chile se encuentra en un punto de inflexión económico y político con la inminente aprobación de una reforma tributaria de calado histórico. Liderada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, esta legislación representa la primera ‘rebaja fiscal’ al impuesto sobre las grandes empresas en las últimas cuatro décadas, un hito desde el retorno a la democracia en 1990. El proyecto, denominado Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, ha superado etapas cruciales en el Congreso y se perfila como el primer gran triunfo legislativo de la Administración del presidente José Antonio Kast, consolidando una visión particular sobre el desarrollo económico del país.
El eje central de esta iniciativa, ya avalado por la Cámara de Diputados, contempla una disminución escalonada del impuesto a las grandes empresas, pasando de un 27% a un 23% en un lapso de cuatro años. A esta medida se suma la reintegración del sistema tributario y la introducción de un esquema de invariabilidad tributaria para los grandes inversionistas, un punto que ha generado considerable resistencia en la oposición. Esta última facción ha elevado requerimientos ante el Tribunal Constitucional, argumentando preocupaciones sobre la equidad y la legalidad de ciertos apartados del proyecto, lo que anticipa una batalla legal post-legislativa.
Paralelamente, la reforma ha abordado la exención de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, una medida social que ha requerido un complejo mecanismo de compensación para los municipios. La propuesta gubernamental para resarcir a las comunas por los cerca de 190 millones de dólares que dejarán de percibir ha polarizado a los alcaldes. Mientras algunos la respaldan, otros, como el edil de Maipú, Tomás Vodanovic, advierten sobre el riesgo de profundizar la desigualdad en el país, lo que subraya las tensiones inherentes a cualquier redistribución fiscal de esta magnitud.
La recta final del proceso legislativo se ha caracterizado por intensas negociaciones y un delicado equilibrio de fuerzas políticas. La postergación de la votación en el Senado para el artículo pendiente sobre la compensación municipal, debido a la falta de apoyos en el oficialismo, evidenció la fragilidad de las alianzas. El propio presidente Kast se ha involucrado directamente en las conversaciones con parlamentarios, buscando asegurar los votos necesarios para un despacho definitivo, lo que subraya la importancia estratégica de este proyecto para la cohesión y gobernabilidad de su administración.
Una vez completado el trámite legislativo, el Gobierno ha manifestado su intención de aplicar vetos a diversas normas incorporadas por la oposición durante la discusión parlamentaria. Entre estas se encuentran el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo y el mecanismo de pago a 30 días para las pequeñas y medianas empresas. Esta estrategia revela la determinación del Ejecutivo por preservar la esencia de su propuesta original, aunque signifique un nuevo pulso con los sectores disidentes y el Tribunal Constitucional, hacia donde la oposición ha derivado algunos aspectos de la legislación.
Sin embargo, la sostenibilidad fiscal del proyecto ha sido un flanco recurrente de críticas desde el inicio de su tramitación. Organismos técnicos independientes, como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), han emitido severas advertencias sobre los riesgos directos para las finanzas públicas chilenas. Economistas prominentes, entre ellos Andrea Repetto, han señalado que la reforma presenta un elevado costo y ofrece beneficios de crecimiento inciertos, generando dudas sobre su verdadera capacidad para estimular la economía de manera sostenida y equitativa, en un contexto de presiones fiscales globales.
Desde una perspectiva más cercana a la derecha liberal, el economista Ignacio Briones ha reconocido la necesidad de ajustar la tasa de impuestos a las empresas, considerándola ‘objetivamente alta’ en Chile. No obstante, Briones ha alertado sobre el carácter deficitario del proyecto durante varios años y el ‘estrés fiscal’ que ya padece el país. Sus advertencias, que incluyen la posibilidad de una baja en la clasificación crediticia y un aumento significativo en el costo financiero, ponen de manifiesto la complejidad de la ingeniería fiscal que busca implementar el gobierno y los desafíos macroeconómicos a los que se enfrenta la nación andina.
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