Un reciente informe del Deportation Data Project ha puesto de manifiesto una transformación radical en la política migratoria estadounidense, revelando una Escalada ICE sin precedentes en detenciones y deportaciones. Durante la administración anterior, las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se cuadruplicaron, mientras que las deportaciones se quintuplicaron. Este drástico incremento no solo señala un endurecimiento de la postura frente a la inmigración irregular, sino que también subraya un cambio fundamental en los criterios de detención, afectando de manera desproporcionada a individuos sin antecedentes penales.
La estrategia detrás de esta expansión se cimentó en la intensificación de los acuerdos 287(g) entre ICE y las agencias de aplicación de la ley locales y estatales. Estos convenios, que pasaron de 137 a 1,501, permitieron a las autoridades locales actuar como agentes de inmigración, facilitando un aumento considerable en los traslados de inmigrantes desde cárceles y prisiones. Paralelamente, se observó una multiplicación por once de las ‘detenciones callejeras’, un fenómeno antes no registrado con tal magnitud. Estas operaciones se extendieron a juzgados de inmigración y oficinas de campo de ICE durante controles rutinarios, creando un ambiente de incertidumbre en las comunidades.
Contrario a la retórica oficial que priorizaba la detención de ‘criminales’, el análisis del Deportation Data Project desvela un aumento de más de ocho veces en la aprehensión de personas sin antecedentes penales. Este cambio de enfoque representa un viraje significativo, ampliando la base de individuos susceptibles de detención y deportación, desmantelando la percepción de que las políticas migratorias se dirigían únicamente a quienes representaban un riesgo para la seguridad pública o tenían un historial delictivo.
La cuadruplicación de las detenciones repercutió directamente en un incremento de las deportaciones. Para gestionar este volumen, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aumentó drásticamente la capacidad en centros de detención y agilizó los procesos de expulsión. Anteriormente, la liberación de personas sin antecedentes penales bajo fianza era una práctica común, pero esta política fue prácticamente erradicada, con apenas el 7% de los casos resultando en libertad. Esta reducción en las posibilidades de liberación influyó en un aumento de 28 veces en las salidas y retornos voluntarios.
En el presente, el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha expresado su intención de mantener las políticas migratorias de la administración anterior, aunque con el objetivo de ‘no ser noticia principal’ cada día. Esta declaración sugiere un intento de despolitizar o normalizar las duras medidas de control migratorio, buscando reducir el escrutinio público mientras se sostienen las bases de una aplicación de la ley rigurosa. Su visión sobre los inmigrantes se alinea con la detención de cualquier indocumentado, independientemente de su historial.
Una de sus propuestas más recientes y controvertidas es la idea de evitar vuelos internacionales en ‘ciudades santuario’, argumentando que los aeropuertos en estas localidades no deberían tener servicios de inmigración. Esta sugerencia, cuya viabilidad legal y operativa es cuestionable, ignora que la seguridad y el control de viajeros extranjeros en los aeropuertos son responsabilidades federales, no sujetas a la jurisdicción estatal o local. La implementación de una medida así podría generar conflictos constitucionales y logísticos de gran envergadura.
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