La diplomacia de una gran potencia, tradicionalmente articulada bajo la premisa de ‘hablar suave y llevar un gran garrote’, parece haber sido redefinida por la administración Trump, invirtiendo la fórmula en una elocuencia ruidosa y una aplicación del garrote a menudo mal dirigida. Esta estrategia, caracterizada por un evidente cortoplacismo, ha generado una serie de ‘treguas unilaterales’ que, lejos de resolver conflictos, parecen exacerbar las tensiones y socavar la estabilidad global, perjudicando, incluso, los intereses de Occidente y del propio Estados Unidos a mediano plazo.
Un ejemplo palmario de esta aproximación fue el anuncio de una ‘tregua energética’ con Ucrania y Rusia, difundido a través de una red social por el presidente Trump, sin confirmación de ninguna de las partes implicadas. Esta proclama, que Kiev conoció por la prensa y Moscú nunca ratificó, devino en una quimera diplomática. Más preocupante aún, el subsiguiente levantamiento de sanciones al diésel ruso, inmediatamente después de haberlas impuesto, y la adquisición masiva de este combustible, contradice los principios de ‘confía, pero verifica’ que cimentaron acuerdos históricos como el tratado INF de Ronald Reagan, desdibujando la seriedad de los compromisos de Washington y haciendo mofa de la diplomacia internacional.
Las implicaciones de tales decisiones trascienden las fronteras de Ucrania. La percepción de que Washington abandona a sus aliados en momentos críticos o que sus sanciones son meras ‘líneas en la arena’, erosiona gravemente la credibilidad de Estados Unidos en el escenario mundial. Países como Taiwán, Japón y Corea del Sur, que dependen de las garantías de seguridad estadounidenses, observan con atención cómo se trata a un aliado en apuros. Paralelamente, adversarios estratégicos como China interpretan estas acciones como una señal de la efectividad de la ‘paciencia estratégica’, reconfigurando las dinámicas de poder en favor de regímenes que desafían el orden internacional basado en reglas.
Más allá de las ramificaciones geopolíticas, se plantea una profunda cuestión ética y legal. La compra de diésel ruso y la suspensión de sanciones, en un momento en que Rusia intensifica sus ataques contra la infraestructura civil ucraniana, convierte a Estados Unidos, según voces críticas, en cómplice indirecto de crímenes de guerra. Mientras el Kremlin golpea centrales energéticas civiles en Kiev y Járkov, dejando a millones sin luz ni calefacción –acciones que la Corte Penal Internacional ha tipificado como crímenes–, se presiona a Ucrania para que cese sus ataques a refinerías rusas. Esta asimetría moral, al proteger la capacidad de guerra del agresor y limitar la defensa del agredido, distorsiona la justicia y la ética en las relaciones internacionales.
Afortunadamente, el sistema democrático estadounidense, con su intrincado sistema de contrapesos, ha demostrado capacidad de respuesta. Voces bipartidistas en el Senado y el Congreso han alzado su voz para exigir la revocación del acuerdo del diésel y bloquear estas decisiones impulsivas. Simultáneamente, la Unión Europea ha reaccionado con el paquete de sanciones más extenso de su historia contra el complejo militar-industrial ruso, si bien aún enfrenta el desafío de fortalecer su propia autonomía defensiva. Como advirtiera Winston Churchill, alimentar al ‘cocodrilo’ con la esperanza de ser devorado el último es una quimera peligrosa; Ucrania no es el alimento, sino el dique que nos protege. Cuando una gran potencia castiga a su aliado y premia al agresor, la paz no es la recompensa, sino la victoria del Kremlin y la erosión del orden global.
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