La reciente visita de Human Rights Watch (HRW) a Venezuela, tras casi dos décadas de ausencia, revela una compleja y paradójica coyuntura política. Si bien diversas voces en el país, incluso entre quienes más han padecido la represión, perciben una ‘ventana de oportunidad’ hacia la democratización, la realidad subraya la persistencia de un aparato represivo intacto. La abogada colombiana Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, destacó la existencia de lugares como ‘la máquina del tiempo’ en la cárcel de Rodeo I, un subterráneo hermético donde se denuncian ‘prácticas atroces de tortura’, incluyendo aislamiento extremo y privación sensorial por meses. Esta dicotomía marca el pulso de una nación en transición.
El regreso de HRW a Venezuela, concretado entre el 14 y el 19 de septiembre de 2026, representa un hito significativo, considerando su expulsión en 2008 bajo la administración de Hugo Chávez por cuestionar el debilitamiento democrático. La delegación se reunió con la presidenta interina Delcy Rodríguez, un encuentro inédito en un contexto de cautela. La visita se produce ocho meses después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, lo que ha generado un reacomodo de fuerzas y expectativas. La comunidad internacional observa con detenimiento si estos contactos institucionales se traducen en acciones concretas que aborden las profundas violaciones a los derechos humanos.
A pesar de las alarmantes denuncias sobre la ‘máquina del tiempo’ y la advertencia de la Misión independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela acerca de que el aparato represivo permanece ‘intacto’, se han registrado algunos movimientos considerados positivos por sectores de la sociedad civil. La presidenta interina Rodríguez informó sobre la liberación de 1.046 personas y la concesión de beneficios procesales a 12.000 individuos. Adicionalmente, se ha solicitado a la Asamblea Nacional, liderada por Jorge Rodríguez, una reforma a la controvertida Ley constitucional contra el odio, un marco legal frecuentemente utilizado para la persecución política, lo que sugiere un reconocimiento implícito de su uso indebido.
No obstante, las transformaciones esenciales para una democratización plena y sostenible aún están pendientes. HRW insiste en la liberación incondicional de los entre 300 y 500 detenidos políticos restantes, así como en una mejora radical de las condiciones carcelarias. La solicitud de ingreso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a Rodeo I y su eventual cierre son imperativos ante los aterradores relatos de tortura en el ‘piso cuarto’ y ‘la máquina del tiempo’. Las leyes que restringen la operación de la sociedad civil y el periodismo independiente, como la Ley contra el terrorismo, cuya derogación es crucial, continúan siendo instrumentos de coacción, coartando la libertad de expresión y asociación en el país.
La directora Goebertus ha calificado la situación actual como una ‘pausa’ en la represión, una fase frágil que podría revertirse si no se implementan reformas estructurales. La permanencia de figuras como Diosdado Cabello y Gustavo González López en puestos clave del gabinete, identificados por la Misión de la ONU como posibles responsables de crímenes de lesa humanidad, subraya la resistencia interna a un cambio radical. Esta tensión entre sectores ‘dialoguistas’ y aquellos que prefieren mantener el control es un factor determinante en la velocidad y profundidad de cualquier proceso de democratización, lo que exige una vigilancia constante de la comunidad internacional.
El influjo de Estados Unidos en la dinámica política venezolana sigue siendo un factor preponderante. Organizaciones civiles perciben que la liberación de presos políticos está directamente ligada a la presión estadounidense, aunque existe la preocupación de que Washington pueda estar priorizando los intereses económicos sobre la defensa activa de los derechos humanos y el Estado de derecho en esta fase. Este enfoque transaccional podría debilitar el impulso hacia reformas fundamentales y consolidar una transición superficial, dejando intactas las estructuras de poder que han facilitado las violaciones.
La sociedad civil venezolana, a pesar de haber sido históricamente perseguida y estigmatizada, muestra una cauta esperanza, reconociendo mejoras frente a la represión más brutal de años previos. Sin embargo, su mensaje es unánime: estos avances son solo ‘medidas de construcción de confianza’ que deben ser el preámbulo de transformaciones más profundas. Una verdadera democratización requiere desmantelar el aparato represor, reformar el sector de seguridad y asegurar la independencia de instituciones clave como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia para que la voluntad popular sea respetada y sostenible en el tiempo.
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