La Corte Suprema de Argentina ha dictado un fallo de significativa trascendencia jurídica y política, eliminando de facto las restricciones impuestas a la ‘compra de tierras’ por parte de inversores extranjeros en el país. La decisión del máximo tribunal, lejos de analizar la constitucionalidad del decreto presidencial que derogó la Ley de Tierras de 2011, se fundamentó en una cuestión procesal: la supuesta falta de legitimación activa del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) para presentar el recurso. Este tecnicismo jurídico tiene la consecuencia práctica de validar la medida ejecutiva que elimina los límites a la adquisición de propiedades rurales por entidades y personas foráneas.
La Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión y Tenencia de las Tierras Rurales, promulgada en 2011, había establecido un tope del 15% de la superficie total de tierras rurales que podía estar en manos de extranjeros, con límites aún más estrictos a nivel provincial y municipal. Esta legislación respondía a una preocupación histórica por la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos, exacerbada por episodios de acaparamiento de grandes extensiones por actores externos. La restricción buscaba equilibrar la necesidad de inversión con la salvaguarda del patrimonio nacional, una política común en diversas naciones.
La derogación de esta normativa por decreto en diciembre de 2023 se inscribe en la agenda de desregulación económica promovida por el presidente Javier Milei, quien busca atraer capitales foráneos bajo la premisa de impulsar el desarrollo. Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de resistencia. Tras un freno judicial inicial en marzo de 2024, la Corte Suprema destrabó la situación, permitiendo que el Poder Ejecutivo avance en su política. Previamente, el gobierno había intentado incorporar reformas similares en un paquete legislativo más amplio, pero la fuerte oposición social y política lo obligó a retirar dicho capítulo.
Las implicaciones de esta apertura son vastas y multidimensionales. Por un lado, se argumenta que facilitará la inversión en sectores clave como la agroindustria, la minería y la energía, atrayendo divisas y generando empleo. Por otro lado, analistas y sectores sociales expresan profunda preocupación por la potencial concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos extranjeras, lo que podría derivar en desafíos para la seguridad alimentaria, el manejo de los recursos hídricos y la planificación territorial. La advertencia sobre la posibilidad de que ‘cualquier Estado extranjero pueda comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera-‘ subraya la magnitud de la preocupación por la soberanía.
El rechazo del CECIM, aludiendo a que la Corte habría ‘puesto a la República Argentina en venta’, resuena con un sector de la sociedad que ve en la tierra no solo un factor económico sino un componente esencial de la identidad y la soberanía nacional, especialmente sensible en un país con la experiencia de la Guerra de Malvinas. Este sentimiento se ha manifestado en diversas movilizaciones y debates públicos, reflejando una profunda división entre quienes priorizan la libertad de mercado y quienes enfatizan la protección del patrimonio territorial.
Desde una perspectiva comparada, diversos países alrededor del mundo implementan regulaciones sobre la propiedad de la tierra por no residentes, variando en su rigurosidad. Ejemplos como Australia, Brasil o Canadá mantienen mecanismos de control y aprobación para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, conscientes de la importancia estratégica de este activo. La decisión argentina sitúa al país en un espectro más liberal en esta materia, lo que podría alterar significativamente el panorama de la inversión y la distribución territorial a mediano y largo plazo, abriendo un precedente en la región.
El debate subyacente a esta resolución judicial no solo interpela la configuración del sistema de propiedad, sino que también reabre la discusión sobre los límites del poder presidencial vía decreto y el rol del poder judicial en la validación de políticas que tienen un profundo impacto social y estratégico. La falta de un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la derogación deja abierta una ventana para futuros litigios o posibles acciones legislativas que busquen reestablecer controles, en un escenario político y legal que se anticipa dinámico y contencioso. Este episodio subraya la constante tensión entre la apertura económica y la defensa de la soberanía nacional en la arena global.
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