San José, Costa Rica. Una coalición de dieciocho organizaciones nicaragüenses en el exilio ha elevado una petición formal y urgente al Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) de Costa Rica, solicitando la suspensión inmediata de la deportación del opositor y campesino Carlos Calero a su país de origen. La solicitud, presentada el 23 de septiembre, se fundamenta en la grave preocupación de que el retorno de Calero lo expondría a un riesgo inminente de ‘detención arbitraria’, ‘tortura’ y ‘desaparición forzada’, una situación que contraviene los principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho internacional.
La misiva dirigida al TAM no solo formaliza esta apelación, sino que también fue acompañada por una manifestación pacífica en San José, subrayando la resonancia y la seriedad de la situación. Las organizaciones firmantes, entre las que se destacan el Colectivo Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX), invocan el principio de no devolución (‘non-refoulement’), un pilar del derecho internacional de los refugiados que prohíbe a los estados expulsar o retornar a una persona a un lugar donde su vida o libertad estén amenazadas. Este principio es crucial en el análisis de casos que involucran a solicitantes de asilo o refugiados provenientes de contextos de represión política, como es el caso nicaragüense.
La trayectoria de Carlos Calero subraya la urgencia de su situación. Originario de Morrito, Río San Juan, su compromiso político data de la década de 1980, cuando se desempeñó como operador de radiocomunicación para la Resistencia Nicaragüense, conocida popularmente como la ‘Contra’, sufriendo incluso una herida de bala en combate. Su activismo resurgió con fuerza en 2018, uniéndose a las protestas antigubernamentales y a la Resistencia Campesina, lo que derivó en su detención y encarcelamiento por motivos políticos en diciembre de ese mismo año. Tras su liberación, Calero buscó refugio en Costa Rica, país tradicionalmente receptor de migrantes y exiliados nicaragüenses, confiando en su marco legal de protección internacional.
Sin embargo, la ruta legal de Calero en Costa Rica ha sido compleja y precaria. El 7 de abril de 2026, mientras buscaba regularizar su estatus migratorio ante la Unidad de Refugio en Ciudad Quesada, fue detenido y trasladado a un centro de aprehensión migratoria. Posteriormente, su solicitud de refugio fue denegada por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, abriendo la puerta a su posible deportación. Este escenario evoca precedentes alarmantes, como los casos de Walder Ruiz y Douglas Gamaliel, nicaragüenses previamente extraditados desde Costa Rica, de quienes se ha denunciado que uno permanece en situación de ‘desaparición forzada’, intensificando el temor de un destino similar para Calero.
La persistente crisis sociopolítica en Nicaragua desde abril de 2018 ha generado un éxodo masivo y ha exacerbado la represión contra cualquier forma de disidencia. Las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han documentado sistemáticamente violaciones graves que incluyen detenciones arbitrarias, torturas, juicios sin garantías y ejecuciones extrajudiciales. En este contexto, la devolución de un opositor con el historial de Calero a un régimen que ha ‘demostrado estar en contra de ciudadanos que han sido resistencia activa’ representaría una flagrante vulneración de los compromisos internacionales de Costa Rica y una potencial sentencia a la vulnerabilidad extrema para el afectado.
La decisión final del Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica no solo afectará la vida de Carlos Calero, sino que también enviará una poderosa señal sobre el compromiso de la nación con los derechos humanos y el respeto al derecho internacional en la región. La comunidad internacional y las organizaciones humanitarias observan atentamente este caso, esperando que prevalezcan los principios de protección y que se evite cualquier acción que pueda poner en peligro la vida y la libertad de quienes buscan refugio de la persecución política. La responsabilidad recae ahora en las autoridades costarricenses para sopesar los argumentos presentados y salvaguardar la vida de un individuo cuya única falta parece ser la defensa de sus convicciones.
Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
