La transición gubernamental en Colombia ha estado marcada por un previsible ‘remesón’ en la cúpula de diversas instituciones estatales, reflejando el nuevo rumbo político de la administración De la Espriella. No obstante, en este escenario de profundos cambios, la permanencia del coronel Diego Fernando Gutiérrez Rojas como Director del INPEC representa una notoria excepción. Su ratificación, oficializada el 20 de agosto con la toma de juramento ante el ministro de Justicia, Iván Cancino, señala un punto de continuidad inusual en un cargo de tal relevancia estratégica para la seguridad y la justicia del país.
Esta persistencia en el liderazgo del sistema penitenciario adquiere mayor relieve al considerar las ambiciosas y drásticas propuestas del nuevo mandatario en materia carcelaria. Desde la campaña, De la Espriella ha abogado por una reestructuración radical, incluyendo la implementación de ‘megacárceles’ al estilo Bukele y, más recientemente, la controvertida Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad, que contempla el uso de ‘buques cárcel’ en altamar. La responsabilidad de materializar estas iniciativas recaerá directamente sobre el Director del INPEC, quien se erige así en pieza clave de un esquema transformador.
La singular posición del coronel Gutiérrez contrasta visiblemente con el recambio generalizado en el gabinete y la alta dirección del Ejecutivo. Mientras figuras cercanas a la nueva administración o sus aliados políticos han ocupado la mayoría de los puestos estratégicos, Gutiérrez ha logrado navegar la transición, transformándose de un funcionario del gobierno Petro a un ejecutor de las políticas del entrante. Esta adaptación política, o la confianza depositada en su experticia técnica, es un fenómeno digno de análisis en la polarizada esfera pública colombiana.
La trayectoria profesional de Gutiérrez en la Policía Nacional abarca más de dos décadas, ascendiendo a coronel el pasado 2 de julio. Asumió la dirección del INPEC el 13 de septiembre de 2022, al inicio del gobierno Petro. Su gestión, a pesar de su notable extensión en un cargo inherentemente expuesto a crisis, no ha estado exenta de polémicas, como las ‘fiestas clandestinas’ en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí y la lamentable serie de atentados contra funcionarios, incluyendo el homicidio del director de la Cárcel Modelo de Bogotá.
La continuidad de su mandato ha generado diversas reacciones. Algunos sectores progresistas, como el último ministro de Justicia de Petro, el académico Jorge Iván Cuervo, han expresado su beneplácito, destacando la cualificación profesional del alto oficial. Esta muestra de apoyo interpartidista subraya la complejidad de las valoraciones en torno a la gestión penitenciaria, donde la idoneidad técnica a veces trasciende las divisiones políticas, especialmente en un área tan crítica como la seguridad de los centros de reclusión.
No obstante, la aparente estabilidad en la cabeza del INPEC no ha impedido ajustes internos significativos. Recientemente, se conoció la salida del coronel Rolando Antonio Ramírez, Director de Custodia y Vigilancia y considerado una figura cercana a Gutiérrez. Ramírez había sido objeto de escrutinio por autorizar en junio de 2025 el traslado de reclusos de Itagüí a Medellín para participar en el controversial ‘tarimazo’, un evento de la administración anterior. Este cambio, el primero de alto nivel en la institución bajo el nuevo gobierno, sugiere una depuración selectiva sin afectar la dirección principal.
Bajo la égida de Gutiérrez, la nueva administración ya ha implementado medidas contundentes. Tras su posesión, el presidente De la Espriella ordenó el traslado de 117 reclusos, incluyendo cabecillas criminales, a cárceles de máxima seguridad. En menos de tres semanas, se han efectuado 400 traslados masivos, incluyendo 20 reos de la cárcel distrital de El Bosque en Barranquilla. Esta intensidad en las operaciones, reminiscentes del ‘Operativo Dominó’ de la administración Petro, posiciona al coronel Gutiérrez como un actor central en la ejecución de una política de ‘mano dura’ que busca reconfigurar el sistema penitenciario colombiano.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
