La reciente calamidad sísmica que ha sacudido el occidente de Colombia ha revelado una capa de vulnerabilidad extrema que afecta a miles de ciudadanos: la de los desplazados internos por el conflicto armado, quienes ahora enfrentan una ‘doble tragedia humanitaria’. Comunidades como la indígena Wounaan Nomaan, asentada en Buenaventura tras ser expulsada de sus tierras ancestrales en el Bajo San Juan, han visto cómo los esfuerzos de una década por reconstruir sus vidas se desmoronan bajo los escombros. Este grupo de casi cien personas, que ya lo había perdido todo por la violencia, se encuentra de nuevo en la precariedad más absoluta, refugiado en albergues improvisados sin visos de solución permanente.
La persistencia del conflicto armado interno en Colombia, que se extiende por más de medio siglo, ha sido un motor implacable de desplazamiento forzado. Regiones como el Pacífico colombiano, estratégicamente vitales por su acceso al océano y sus rutas fluviales, se han convertido en focos de disputa para actores armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC. Estos grupos buscan controlar el narcotráfico y otras economías ilícitas, generando un ciclo incesante de violencia, reclutamiento forzado, desapariciones y asesinatos que obliga a comunidades enteras, como los Wounaan Nomaan, a abandonar sus hogares, sus tradiciones y sus medios de subsistencia.
El panorama de desplazamiento en Colombia es uno de los más complejos del mundo, con una cifra estimada de 7.2 millones de desplazados internos hasta el año pasado, según el Observatorio de Desplazamiento Interno. A esta crisis generada por la violencia, se suma una tendencia creciente de ‘migración climática’ o desplazamiento inducido por desastres naturales y condiciones climáticas extremas. Aunque en el caso actual el sismo es el catalizador, la superposición de estas vulnerabilidades agrava la situación, evidenciando cómo la falta de resiliencia y la infraestructura precaria en zonas de asentamiento de desplazados los hace especialmente susceptibles a nuevos choques.
Las secuelas del terremoto no solo han destruido viviendas, sino que han exacerbado las brechas en el acceso a servicios básicos esenciales y han tenido un impacto psicológico y económico devastador. La urgencia de una reubicación digna y el mantenimiento de la cohesión comunitaria son peticiones recurrentes de los afectados. En Quibdó, capital del Chocó, y en otras ciudades como Cali, los damnificados se enfrentan a un mercado de arrendamiento disparado y a la insuficiencia de los refugios temporales, lo que impulsa a algunos a un tercer desplazamiento, perpetuando un ciclo de inestabilidad y desarraigo.
La respuesta institucional, si bien activa en las primeras fases de rescate, debe transformarse en una estrategia de reconstrucción y atención a largo plazo que considere las particularidades de esta población. La fragmentación de las familias y la pérdida del ‘proceso organizativo comunitario’ son riesgos latentes cuando no se aborda el reasentamiento de manera integral. Es imperativo que las autoridades locales y nacionales trabajen coordinadamente para garantizar no solo un techo, sino también el acceso a medios de vida, educación y apoyo psicosocial que permitan a estas comunidades rehacer sus vidas con dignidad y seguridad.
El desafío que enfrenta Colombia tras este terremoto va más allá de la reparación material; exige una revisión profunda de las políticas de atención a víctimas de desplazamiento y una mayor inversión en resiliencia comunitaria. La experiencia de los Wounaan Nomaan y de otras poblaciones afectadas subraya la necesidad de un enfoque diferenciado que reconozca la interconexión entre el conflicto, la pobreza y la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales. Solo así se podrá aspirar a romper el ciclo de la vulnerabilidad y ofrecer un futuro estable a quienes han perdido tanto, no una, sino dos veces. Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
