Organizaciones venezolanas en el exilio han presentado un informe contundente al Congreso de Estados Unidos y a figuras clave como el secretario de Estado, Marco Rubio, denunciando una marcada ‘inestabilidad migratoria’ que afecta a la diáspora venezolana desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en 2025. Este documento, elaborado por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), ambas con sede en Miami, subraya un patrón de decisiones políticas que han erosionado progresivamente las protecciones para esta comunidad.
El núcleo de las preocupaciones articuladas reside en decisiones migratorias adoptadas desde 2025 que, según el informe, han dejado a los venezolanos en un panorama legal más precario. Destacan la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), del cual dependían aproximadamente 607,000 personas, la drástica reducción de permisos humanitarios (‘parole’) y el cese de la prórroga automática de los permisos de trabajo. La conjunción de estas políticas genera un efecto dominó: sin un permiso vigente no hay empleo, ni seguro médico, ni licencia de conducir renovada, incluso con expedientes aún abiertos y pendientes de resolución.
Un aspecto alarmante documentado son los casos de detenciones de venezolanos que, a pesar de contar con permisos de trabajo e incluso licencias de conducir válidas y solicitudes de asilo pendientes, han sido privados de libertad. Los medios estadounidenses registraron al menos tres de estos casos en julio y agosto, poniendo de manifiesto una desconexión entre la posesión de documentos legales y la aplicación de las leyes migratorias. Las organizaciones piden que cada custodia se decida caso por caso y sea revisable, rechazando generalizaciones.
El documento también aborda la preocupante aplicación de la ‘Ley de Enemigos Extranjeros’ de 1798, invocada contra presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Aunque el informe reconoce la existencia de esta organización, critica la generalización en su aplicación, demandando que la pertenencia a un grupo criminal se pruebe de manera individualizada, sin que la nacionalidad, la apariencia, los tatuajes o asociaciones circunstanciales sustituyan a una evidencia concreta y verificable, un nexo que el Gobierno venezolano ha negado reiteradamente.
En el ámbito internacional, el reporte examina el acuerdo entre Estados Unidos y Liberia, por el cual el país africano ha aceptado recibir hasta 1,200 ciudadanos de otras nacionalidades en un periodo de doce meses, contemplando mayoritariamente a latinoamericanos, incluidos venezolanos. Esta práctica de externalizar el proceso de expulsión plantea serios interrogantes sobre la transparencia de los acuerdos, la protección de los derechos humanos de los deportados y el seguimiento de su bienestar en terceros países. Las organizaciones demandan claridad sobre estas transacciones.
Las peticiones conjuntas de VEPPEX y AMAVEX se cristalizan en tres ejes: la exigencia de cifras desglosadas y públicas de los venezolanos detenidos; la necesidad de salvaguardar el empleo de quienes esperan sus papeles, impidiendo que demoras administrativas resulten en pérdidas laborales; y una demanda de total transparencia en los acuerdos con los países receptores de los expulsados. La terminación del TPS decretada en 2025, pilar de esta creciente inestabilidad, continúa siendo impugnada ante la Corte Suprema, reflejando la complejidad de los desafíos legales que enfrenta una comunidad que en 2024 sumaba alrededor de 1.2 millones de personas de origen venezolano en Estados Unidos, con más del 40% residiendo en Florida.
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