Cinco años después de la precipitada retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, una sombra de incertidumbre se cierne sobre miles de afganos que, tras colaborar con Washington, buscaron refugio en Estados Unidos. La ‘frágil promesa’ de seguridad migratoria que se les ofreció al llegar se ha transformado en un temor palpable a perder su estatus de residencia permanente. Esta situación, encapsulada en la angustia de individuos como Sultán, un padre de cinco hijos radicado en California, revela un creciente distanciamiento de la Casa Blanca hacia aquellos que, como él, arriesgaron sus vidas apoyando la misión militar estadounidense.
La evacuación de agosto de 2021, una de las operaciones logísticas más complejas de la historia reciente, supuso el traslado de decenas de miles de afganos bajo programas como ‘Operation Allies Welcome’. Estos se diseñaron para honrar el compromiso con quienes desempeñaron roles cruciales, desde intérpretes hasta personal de apoyo en los Equipos de Reconstrucción Provincial, cuya asistencia fue vital para las dos décadas de presencia estadounidense. La residencia permanente, o ‘green card’, fue el pilar de un nuevo comienzo, un pacto de protección que hoy parece desvanecerse.
Sin embargo, la reconfiguración de la política migratoria bajo la actual administración ha introducido un clima de inestabilidad sin precedentes. Las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), con sus patrullajes y visitas domiciliarias, han encendido las alarmas entre la comunidad afgana, incluso para aquellos con estatus legal. Esta intensificación se suma a una serie de decisiones ejecutivas que han restringido drásticamente las vías de ingreso y permanencia para ciudadanos afganos, generando una ansiedad constante sobre el futuro.
Las organizaciones de derechos humanos, como el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) y la Coalición por los Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA), han documentado un preocupante patrón de revisiones y revocaciones de aprobaciones emitidas a través del Programa de Visas Especiales de Inmigrante (SIV). Este, diseñado para proteger a colaboradores de EE.UU., ha visto cientos de solicitudes retiradas, incluso para quienes ya gozan de residencia legal permanente. Esta retroactividad genera grave inseguridad jurídica y mina la confianza en el sistema.
Más allá de las revisiones SIV, la Administración también ha eliminado el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Afganistán, afectando a aproximadamente 8.000 inmigrantes que dependían de esta medida humanitaria. Asimismo, la limitación en el procesamiento de refugiados ha reducido las admisiones a cifras mínimas, con apenas tres afganos ingresados en el año fiscal 2026. Esta reducción, argumentan expertos y activistas, ignora el empeoramiento de las condiciones de seguridad y los derechos humanos en Afganistán bajo el régimen talibán.
El clamor de figuras como Ismail Alizai, periodista afgano que colaboró con ‘Voice of America’, resuena con la demanda de un cumplimiento ético por parte de Washington. La promesa de seguridad no era meramente administrativa, sino moral, forjada en la colaboración durante un conflicto prolongado. Esta incertidumbre actual no solo afecta a las familias que viven en Estados Unidos, sino que también envía una señal preocupante a futuros colaboradores en zonas de conflicto, erosionando la credibilidad de Estados Unidos como un aliado confiable. Es imperativo reflexionar sobre el costo humano y estratégico de abandonar a quienes sacrificaron tanto.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
