La emblemática casa que fuera residencia del expresidente chileno Salvador Allende (1970-1973), ubicada en la calle Guardia Vieja 392 en Santiago, ha sido vendida por su familia a una empresa de ingeniería y topografía por 1.000 millones de pesos chilenos, equivalentes a aproximadamente 1,1 millones de dólares. Este desenlace marca un giro inesperado, pues el inmueble estaba inicialmente proyectado para convertirse en un museo de memoria, una iniciativa que el Gobierno de Gabriel Boric intentó llevar a cabo sin éxito, desatando una profunda crisis política y un debate sobre la preservación del patrimonio histórico nacional. La ‘casa de Salvador Allende’ representa un símbolo clave en la historia política chilena y latinoamericana, por lo que su transformación en un espacio de oficinas privadas genera diversas lecturas y controversias.
El fallido intento de adquisición estatal se vio empañado por una serie de errores administrativos y conflictos de interés. Dos de los cuatro copropietarios de la residencia, debido a sus cargos públicos, estaban legalmente impedidos de celebrar contratos con el Estado. Entre ellos se encontraba Isabel Allende Bussi, quien, tras una carrera de 31 años en el Parlamento, fue destituida del Senado por el Tribunal Constitucional a raíz de este caso. Asimismo, su sobrina y nieta del exmandatario, Maya Fernández Allende, se vio obligada a renunciar a su puesto como ministra de Defensa en marzo de 2025, evidenciando las serias repercusiones políticas de la operación y la rigidez de las normativas de probidad en la administración pública.
A pesar de la tormenta política, la Fiscalía decidió no perseverar en la causa de compraventa, cerrando la investigación el pasado 10 de julio, lo que fue interpretado por la defensa de la familia como la confirmación de la ausencia de delito. Sin embargo, esta resolución judicial no ha logrado disipar las acusaciones políticas que señalan un posible ‘interés económico’ detrás de la transacción, relegando el propósito de museo a una mera excusa, según declaraciones de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI). La firma que finalmente adquirió la propiedad, Linkapsis Geodesia & Ingeniería SpA, concretó la compra el 4 de agosto, formalizando el cambio de destino del histórico inmueble.
La residencia, más allá de su valor transaccional, encierra una rica historia personal y política. Allende la habitó junto a su esposa Hortensia Bussi, conocida como ‘Tencha’, entre 1953 y 1971, siendo el hogar donde crecieron sus tres hijas. Durante años, el escritorio-biblioteca de la vivienda sirvió como epicentro de importantes reuniones políticas, manteniendo intacta su configuración hasta el momento de la venta. La familia se trasladó en 1971 a otra propiedad en busca de un ambiente más saludable para ‘Tencha’ Bussi, quien padecía una enfermedad pulmonar, lo que subraya la dimensión íntima y cotidiana de este espacio histórico.
Construida por la oficina del reconocido arquitecto Fernando Castillo Velasco dos décadas antes de ser ocupada por los Allende, la casa destaca por su diseño que integraba materiales locales, como la piedra precordillerana y la madera nativa. El biógrafo Eduardo Labarca relató la existencia de ‘dos ambientes’ distintos: el político en la planta baja, centrado en la biblioteca de Allende, y el cultural en el piso superior, en el dormitorio de ‘Tencha’ Bussi, transformado en un salón literario que acogía a figuras como el pintor Nemesio Antúnez y el escritor Manuel Rojas. Esta dualidad cultural y política en un mismo espacio resalta la vida multifacética que se gestó entre sus muros.
El incidente de la casa de Allende no fue un caso aislado en la gestión de patrimonio por parte del Gobierno de Boric. En paralelo, se frustró la compra de las dos casas del expresidente democristiano Patricio Aylwin (1990-1994), valoradas en 1.300 millones de pesos. Estas propiedades, fundamentales para entender la transición democrática chilena, tampoco pudieron ser adquiridas por el Estado. Mariana Aylwin, hija del exmandatario, criticó que se pidieran nuevos requisitos inviables en los últimos meses del gobierno de Boric, lo que sugiere una falta de planificación o voluntad política en la gestión de estos importantes bienes patrimoniales.
Consciente de la controversia generada, el propio presidente Boric abordó el tema en su última cadena nacional antes de entregar la banda presidencial a José Antonio Kast, en marzo de 2026. En un ejercicio de autocrítica, el mandatario asumió la responsabilidad por el proceso frustrado de la compra de la casa de Salvador Allende, al igual que por otros desafíos de su administración. Esta declaración final del presidente Boric subraya la magnitud del impacto político que tuvo la fallida adquisición y la importancia que el episodio revistió en la evaluación de su gestión.
Finalmente, la venta de la casa a una entidad privada ha reavivado el debate sobre la voluntad y capacidad del Estado para proteger y transformar sitios de memoria en espacios públicos accesibles, frente a los intereses privados y las complejidades legales. La transacción pone en relieve las dificultades inherentes a la valorización del legado histórico cuando este se cruza con las dinámicas del mercado inmobiliario y las regulaciones de la función pública, dejando un precedente crítico para futuras iniciativas de conservación patrimonial en Chile y la región.
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