Colombia ha sido sacudida por un potente sismo de magnitud 7.4, cuyo epicentro se localizó a más de 100 kilómetros de profundidad en José del Palmar, Chocó. Este evento telúrico, que generó una vasta devastación, ha puesto de manifiesto la crítica vulnerabilidad de la infraestructura nacional, exacerbando las ya conocidas ‘Fallas Estructurales’ en un país con una historia sísmica recurrente. La tragedia ha cobrado la vida de más de 200 personas y dejado al menos 2.000 heridos, cifras que, según las autoridades, podrían incrementarse a medida que avancen las labores de rescate en las zonas afectadas, incluyendo ciudades como Cali, Pereira y Manizales.
A pesar de la existencia de normativas antisísmicas vigentes, la magnitud del daño observada subraya que la aplicación y observancia de estos códigos ha sido irregular. Expertos coinciden en que la construcción informal, la deficiencia en el mantenimiento de estructuras existentes y la prevalencia de edificaciones erigidas antes de la implementación de los reglamentos más rigurosos, son factores determinantes que magnificaron el impacto del desastre. Esta conjunción de elementos ha creado un escenario de alto riesgo donde la preparación técnica se ve superada por realidades socioeconómicas y regulatorias.
Geológicamente, Colombia se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, dada su ubicación en el ‘Anillo de Fuego del Pacífico’, donde las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana convergen. El terremoto reciente es un evento de subducción, común en esta región, donde la placa de Nazca se desliza por debajo de la Sudamericana. Esta dinámica geológica produce sismos profundos que liberan una energía considerable, alcanzando la superficie con una fuerza devastadora capaz de afectar extensas áreas del territorio nacional, tal como lo ha demostrado el evento actual.
La evolución de la legislación sismorresistente en Colombia se ha gestado a partir de dolorosas experiencias. El primer código oficial, el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (CCCSR-84), fue promulgado en 1984, tras el devastador sismo de Popayán en 1983. Sin embargo, su exigibilidad legislativa se consolidó con la reforma constitucional de 1991. Una actualización significativa llegó en 2010, con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), que, si bien mejoró la protección estructural, aún señalaba falencias en la seguridad de los elementos no estructurales, como muros divisorios y fachadas, que representan un peligro latente para la vida humana.
La antigüedad del parque edificatorio representa otro desafío formidable. Muchas estructuras, con más de 30 años de antigüedad, fueron construidas bajo códigos menos estrictos o antes de su plena implementación. El costo de reforzar una edificación, que puede ascender a un millón de dólares para un inmueble de cinco o seis pisos, a menudo excede la capacidad económica de los propietarios, especialmente en el ámbito residencial. Esta barrera financiera perpetúa la vulnerabilidad, dejando a miles de edificaciones expuestas a eventos sísmicos futuros y comprometiendo la seguridad de sus habitantes.
El problema del mantenimiento no es exclusivo de Colombia; es una constante en varios países de América Latina. La falta de inspecciones periódicas y la ausencia de actualizaciones estructurales a lo largo del tiempo deterioran los materiales y reducen la capacidad de las edificaciones para resistir fuerzas sísmicas. Los ingenieros subrayan que las estructuras más antiguas, si bien no estaban ‘mal construidas’ para su época, carecen de las innovaciones ingenieriles y los materiales desarrollados a raíz de sismos posteriores, haciendo que elementos como la mampostería sean particularmente susceptibles a daños severos.
El presidente Abelardo de la Espriella ha reportado la destrucción de 1.136 viviendas y el colapso de 48 edificios, con miles de estructuras averiadas y centros educativos dañados. Estos datos preliminares auguran meses, si no años, de un complejo proceso de recuperación y reconstrucción. La evaluación exhaustiva de daños y la identificación de estructuras en riesgo serán pasos iniciales críticos en un camino que requerirá un compromiso sostenido por parte de las autoridades y una conciencia ciudadana renovada sobre la importancia de la seguridad en la construcción.
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