El Gobierno de José Antonio Kast en Chile ha logrado cerrar el trámite legislativo de su polémica ‘megarreforma’, una iniciativa que ha sido descrita como una ‘aplanadora gremialista’ debido a su contundencia y la minimización del diálogo con la oposición. Esta estrategia, que recuerda a las empleadas por Javier Milei en Argentina con su Ley Ómnibus y por Donald Trump con la H.R. 1 en Estados Unidos, se basa en la utilización de mayorías parlamentarias coyunturales para impulsar cambios permanentes, con un paquete legislativo que apunta a la desregulación, la privatización y el desfinanciamiento estatal. El objetivo de estas reformas es, según sus críticos, consolidar beneficios para las élites y reducir los servicios públicos, un escenario que se vislumbra en la próxima discusión presupuestaria y que ha generado una profunda división en el municipalismo chileno, requiriendo aún la resolución de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional y posibles vetos presidenciales.
La esencia de esta ‘aplanadora’ en el contexto chileno radica en una profunda estrategia restauradora, anclada en la ideología del gremialismo formulada por Jaime Guzmán durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Guzmán, considerado el civil de mayor influencia en aquel régimen, concibió una visión de sociedad uniforme y disciplinada, caracterizada por una economía altamente privatizada y una democracia mínima. Su pensamiento propugnaba un modelo de representación corporativista, privilegiando cuerpos intermedios afines como fuerzas de seguridad, gremios empresariales y agrupaciones religiosas conservadoras, en detrimento de una democracia de masas. Esta doctrina, férreamente anticomunista, criticó no solo a la Democracia Cristiana sino también las facetas ‘liberales’ de la derecha y el nacionalismo económico tradicional, marcando un hito en la fundación de la UDI como custodio del ideario gremial puro y consolidando un ‘bolchevismo de derechas’.
La influencia del gremialismo se manifestó decisivamente en la configuración de la Constitución de 1980 y en el respaldo a las reformas neoliberales impulsadas por los ‘Chicago Boys’. Este laboratorio chileno de la contrarrevolución, liderado en gran parte por Guzmán, generó resistencias incluso dentro del propio mundo militar y de la élite empresarial tradicional, que veían con recelo la radicalidad de estas transformaciones. El actual Gobierno de Kast se presenta como un heredero directo de este proceso, procurando emular la figura de Guzmán: un actor político apasionado que, paradójicamente, desconfiaba profundamente de los políticos tradicionales, y cuyo legado se sintetiza en un programa doctrinario de conservadurismo moral, autoritarismo político-social y liberalismo económico.
En la actualidad, el gremialismo chileno se encuentra escindido en diversas facciones, principalmente entre la UDI y Republicanos, junto a los nacional libertarios. Esta fragmentación ha derivado en una pugna por la hegemonía ideológica y la interpretación de la herencia de Jaime Guzmán. Ejemplos de esta disputa incluyen la polémica suscitada por la Secretaria General republicana, Ruth Hurtado, al afirmar que Guzmán, de vivir, habría votado por Kast, una declaración refutada por la militante UDI Evelyn Matthei. Estas tensiones se han escenificado en episodios como la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, la resistencia a mesas de diálogo promovidas por figuras como la presidenta del Senado Paulina Núñez, y el ‘bullying’ sistemático hacia aquellos en el sector que abogan por una mayor concertación y menos polarización política.
Para la oposición chilena, el panorama se presenta doblemente complejo. Por un lado, la ausencia de mayorías en el Congreso dificulta sobremanera la capacidad de frenar la agenda restauradora del oficialismo. A esto se suma una fragmentación interna, donde los diversos proyectos políticos no siempre dialogan de manera constructiva, lo que impide la elaboración de una práctica unitaria efectiva. Por otro lado, la dicotomía entre una ‘derecha sin complejos’ y una ‘derechita cobarde’, unida a las presiones de figuras como Johannes Kaiser, líder de los nacional libertarios, y el populismo pragmático de Franco Parisi con sus propias aspiraciones presidenciales, amenaza con invisibilizar aún más los planteamientos de las fuerzas progresistas que gobernaron previamente.
En este contexto, la oposición democrática, que abarca desde el centro hasta la izquierda, enfrenta el imperativo de superar su atomización y diseñar una estrategia coherente y robusta. Es crucial que mejoren su coordinación política en el Congreso, incrementen su presencia y densidad social en los territorios que administran y aspiran a disputar, y reduzcan las fricciones intra e interpartidarias. Más allá de confiar en los posibles errores del adversario, se impone la necesidad de articular un nuevo programa de transformaciones que no solo sea viable, sino que también proponga soluciones concretas frente al legado de reformas como la recientemente aprobada, sentando las bases para los desafíos electorales de 2028 y 2029. Este es un cometido acuciante e impostergable para la salud de la democracia chilena.Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.
