La administración del presidente Gustavo Petro en Colombia ha presentado una paradójica dicotomía: mientras elevaba el activismo ambientalista a pilar central de su propuesta política, simultáneamente, su estrategia de ‘Paz Total’ parece haber propiciado un avance sin precedentes de fenómenos que deterioran gravemente el ecosistema nacional. Esta contradicción no es menor; representa un dilema fundamental para la gobernanza y la credibilidad de las políticas públicas orientadas tanto a la construcción de paz como a la protección del medio ambiente en una de las naciones más biodiverses del planeta.
Las cifras oficiales, provenientes de organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), revelan un panorama desolador. Los cultivos de coca han alcanzado niveles históricos, superando las 261,000 hectáreas en 2024. Este incremento no es un hecho aislado; converge con una expansión preocupante de la minería ilegal, que vio crecer la explotación de oro de aluvión a más de 105,060 hectáreas en 2023, con un 76% clasificado como ilícito. Ambas actividades son motores primarios de la deforestación y la contaminación de cuerpos de agua con sustancias tóxicas como el mercurio, impactando no solo el capital natural sino también la salud de comunidades enteras.
El fortalecimiento de grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC se ha documentado extensamente por entidades como la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch. Estos informes destacan cómo la expansión territorial de estas organizaciones está intrínsecamente ligada al control de las economías ilícitas mencionadas. La estrategia de ‘Paz Total’, que buscaba la desmovilización y el diálogo, ha sido criticada por, inadvertidamente, crear vacíos de poder o generar espacios que han sido rápidamente ocupados por estos actores armados, permitiéndoles consolidar corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería, financiando así su operatividad y capacidad de reclutamiento.
Más allá del daño ecológico, las consecuencias humanitarias de esta situación son dramáticas. El desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades, la extorsión y el alarmante aumento del reclutamiento infantil son indicadores de un deterioro en la seguridad y los derechos humanos. El caso del Catatumbo, que registró más de 102,000 personas desplazadas en 2025, es un testimonio crudo del costo humano de este fracaso. Estas cifras no solo superan los registros de años anteriores sino que también representan una regresión en los avances logrados durante décadas en la reducción de la violencia interna en Colombia.
La falta de una política integral y coherente para abordar la complejidad de estas problemáticas ha sido un factor determinante. Mientras el gobierno Petro centraba el discurso ambiental en la confrontación con la industria formal de hidrocarburos, la minería ilegal y los cultivos de coca continuaban arrasando vastas extensiones de selva y páramos, a menudo en zonas de alta biodiversidad y cruciales para la regulación hídrica. Esta desconexión entre la retórica y la acción efectiva ha permitido que las economías criminales prosperen en la sombra, lejos del escrutinio público y las políticas de control estatal.
La orientación gubernamental hacia Ecopetrol, la principal empresa estatal, ilustra una priorización que, para muchos analistas, careció de pragmatismo. La intención de reorientar su modelo hacia una transición energética no estuvo acompañada de una estrategia robusta que garantizara la sostenibilidad financiera y operativa de la compañía, ni que abordara de manera efectiva las fuentes de destrucción ambiental más inmediatas y devastadoras. Esta aproximación ha repercutido negativamente en las utilidades de Ecopetrol y en su calificación crediticia, afectando la confianza de los mercados y la percepción de su gobierno corporativo.
En síntesis, el legado de la ‘Paz Total’ en relación con el medio ambiente se perfila como una advertencia crítica. La promesa de una Colombia más pacífica y ecológica se ha topado con la realidad de un conflicto recrudecido y un daño ambiental acelerado, impulsado por grupos armados con capacidad económica reforzada. La tarea para las futuras administraciones será monumental: reconstruir el tejido social, retomar el control territorial, desmantelar las economías ilícitas y sanar un medio ambiente bajo asedio, todo ello mientras se busca restaurar la confianza en las instituciones y la viabilidad de un desarrollo sostenible. La integridad ambiental y la seguridad nacional no pueden ser agendas disociadas; su interdependencia es ahora más evidente que nunca en el contexto colombiano. Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.