El reciente reencuentro del estratega portugués Carlos Queiroz con la prensa colombiana, previo al crucial encuentro entre Colombia y Ghana, donde ahora ejerce como seleccionador, trascendió el análisis meramente deportivo. La comparecencia se convirtió en un escenario para un ‘duro reclamo’ dirigido a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), reviviendo la polémica en torno a su abrupta salida en noviembre de 2020 y, de manera más dolorosa, la trágica muerte de su entonces entrenador de porteros, Des McAleenan.
Queiroz, con una solemnidad que denotaba la gravedad de sus palabras, interpeló directamente a la FCF, recordándoles la pérdida de McAleenan. Según el técnico, el preparador de arqueros, aislado en Bogotá tras contraer COVID-19 y sin el apoyo adecuado de la federación, sufrió una profunda depresión. Esta situación se vio agravada, en palabras de Queiroz, por la decisión unilateral de la FCF de destituir al cuerpo técnico. El estratega portugués insiste en que estas circunstancias desencadenaron el fatal desenlace para McAleenan, quien fue hallado sin vida en Dublín en febrero de 2021.
La salida de Queiroz de la dirección técnica de la Selección Colombia estuvo marcada por una serie de derrotas contundentes en las eliminatorias mundialistas. Aunque la FCF anunció un acuerdo mutuo, Queiroz ha sostenido consistentemente que su cese fue una imposición, un ‘cajón’ orquestado por figuras influyentes dentro de la federación. Esta disparidad en las versiones subraya una posible falta de transparencia en la gestión de la entidad deportiva.
El portugués ha señalado directamente a Álvaro González Alzate, segundo al mando de la FCF, como el principal artífice de su despido, a pesar de que Ramón Jesurún ostentaba la presidencia. Queiroz describió a González Alzate como una figura con un ‘vasto y reconocido currículum’ en el ‘trabajo detrás de bambalinas’ del fútbol colombiano, ejerciendo presión para intereses personales. Estas acusaciones de injerencia política y manipulación de poder dentro de las estructuras federativas no son nuevas en el contexto del fútbol sudamericano y plantean serias interrogantes sobre la gobernanza.
Más allá de las disputas contractuales, el aspecto más preocupante reside en la responsabilidad ética de una federación deportiva hacia el bienestar de sus empleados. La pandemia de COVID-19 representó un desafío sin precedentes, y la alegada negligencia en el cuidado y apoyo a un miembro del cuerpo técnico aislado, sumada a decisiones laborales drásticas, plantea un precedente inquietante. La integridad de las instituciones deportivas no solo se mide por los resultados en el campo, sino también por el trato humano y el compromiso con la salud mental de quienes las integran.
El reclamo de Carlos Queiroz trasciende el ámbito personal para convertirse en un llamado global a la rendición de cuentas en el deporte de élite. Las federaciones tienen la obligación moral de salvaguardar a sus equipos, y cualquier falla en este deber debe ser investigada y, de ser confirmada, reparada. Este episodio refuerza la necesidad de mecanismos de supervisión y apoyo psicológico robustos para los profesionales del fútbol, especialmente en entornos de alta presión y durante crisis sanitarias. La memoria de Des McAleenan se erige ahora como un símbolo de las complejas relaciones entre entrenadores, jugadores y las poderosas estructuras que rigen el fútbol mundial.
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