Un terremoto de magnitud 7.5 ha sacudido Venezuela, agravando de manera crítica un sistema de salud ya inmerso en una ‘emergencia humanitaria compleja’. Este evento catastrófico, con un saldo preliminar de cientos de fallecidos y miles de heridos, ha puesto de manifiesto la extrema vulnerabilidad del sistema de salud venezolano, llevando la escasez crónica a una crisis humanitaria de proporciones inéditas. La capacidad de respuesta de las instituciones sanitarias se ha visto ampliamente superada, revelando las deficiencias estructurales acumuladas durante años.
La expresión ‘No hay’ se ha arraigado en la sociedad venezolana durante años, no solo para describir la falta de productos básicos, sino crucialmente, la ausencia de insumos médicos, medicamentos esenciales, personal cualificado y equipamiento hospitalario. Esta carencia sistémica ya existía antes del sismo, como ha documentado el doctor Pedro Javier Fernández, miembro del equipo de Médicos Unidos por Venezuela, quien subrayó que, incluso en condiciones de normalidad, el sistema era incapaz de brindar una atención sanitaria adecuada a la población.
La activación de ocho hospitales públicos en la Gran Caracas, la región más afectada, y la colaboración de varias clínicas privadas, aunque indispensables, se enfrentan a la cruda realidad de centros ‘completamente desbordados’ y desprovistos de los recursos más elementales para atender la avalancha de heridos. La Guaira, una de las zonas más impactadas, reporta un panorama aún más desolador, con instalaciones sanitarias al límite y un volumen de pacientes que sobrepasa con creces cualquier capacidad de respuesta, incluso para sistemas de salud más robustos.
La dramática situación se ve exacerbada por la recurrente solicitud a pacientes y sus familiares para que provean sus propios insumos médicos, una práctica que Jennifer Hidalgo, víctima directa de la tragedia, calificó de insostenible, al serle requeridos desde antibióticos hasta analgésicos. Esta exigencia pone de manifiesto la profunda descapitalización de los centros de salud, donde elementos tan básicos como gasas, guantes o batas de cirujano son inexistentes, forzando a las familias a una búsqueda desesperada en un contexto de devastación generalizada.
La fragilidad del sector sanitario venezolano no es un suceso reciente, sino la culminación de un deterioro prolongado. En abril, la Federación Médica Venezolana (FMV) ya había denunciado que el ‘90% de los hospitales del país estaban desabastecidos y abandonados’. La Encuesta Nacional de Hospitales de 2024 reveló un alarmante índice de desabastecimiento del 74% en insumos quirúrgicos y que, en promedio, solo cuatro de cada diez quirófanos estaban operativos, confirmando la existencia de una crisis crónica que antecede al actual desastre.
La erosión del derecho a la salud se manifiesta también en la proliferación de ‘pagos extraoficiales’ para acceder a la atención, una práctica documentada en el 46% de los hospitales según el estudio de 2024, que transgrede abiertamente el principio de gratuidad del servicio público. En 2025, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había alertado sobre la crisis de los servicios públicos, señalando que el 91% de los hospitales encuestados entre enero y julio de ese año solicitaban a los pacientes sus propios insumos para cirugías, evidenciando una problemática profundamente arraigada.
A la escasez material se suma una preocupante hemorragia de talento humano. Más de 8 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, de los cuales más de 42.000 corresponden a personal sanitario, según datos de la FMV de 2023. La precariedad salarial y la sistemática violación de los derechos laborales han propiciado una ‘renuncia masiva’ y la migración de médicos de todas las especialidades, dejando al país con una infraestructura humana diezmada e incapaz de satisfacer las demandas más básicas de su población.
La inoperatividad de equipos, las constantes interrupciones de servicios básicos como agua y electricidad, y la ausencia de mantenimiento en las infraestructuras hospitalarias son problemas que persisten desde 2014, exacerbados por las presiones económicas internacionales. En este crítico panorama, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha levantado temporalmente algunas sanciones para facilitar la ayuda humanitaria, una medida esencial para permitir las transferencias bancarias y la llegada de recursos vitales en un momento de extrema necesidad y sufrimiento.
La capacidad de respuesta ante el desastre sísmico se ha visto severamente limitada por la escasez de equipos especializados de rescate, lo que ha llevado a voluntarios a trabajar con medios rudimentarios, incluso con sus propias manos. Pese a estas adversidades, la solidaridad internacional se ha manifestado con el envío de ayuda y equipos de rescate desde países como México, Chile, Suiza y Turquía, subrayando la urgencia de una asistencia coordinada y robusta para mitigar el sufrimiento de la población afectada y evitar una mayor escalada de la tragedia.
La magnitud del desastre natural y la profunda fragilidad intrínseca del sistema de salud venezolano han convergido en una catástrofe humanitaria compleja que demanda una atención global sostenida. La recuperación no solo dependerá de la ayuda inmediata y emergente, sino también de un compromiso a largo plazo para reconstruir y fortalecer las instituciones de salud, garantizando el acceso a servicios esenciales y, fundamentalmente, la dignidad de toda su población afectada.
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