El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo una directriz del expresidente Donald Trump, ha iniciado un escrutinio sin precedentes sobre la existencia de alegados ‘votantes falsos’ en estados cruciales, intensificando las tensiones políticas en vísperas de las elecciones de medio mandato. Esta medida, revelada por una investigación de El País que tuvo acceso a correos electrónicos obtenidos por Democracy Forward, muestra a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) contactando directamente a funcionarios electorales en Texas y Carolina del Norte para solicitar información privada de electores, suscitando profundas interrogantes sobre la imparcialidad y el alcance de una agencia federal de aplicación de la ley en la supervisión electoral.
En Texas, la incursión de HSI se concentró en el condado de Webb, una región fronteriza con México. Allí, un agente especial requirió registros de votación y otros documentos confidenciales de siete ciudadanos. La notoria ausencia de una justificación explícita para la selección de estos individuos particulares provocó perplejidad entre los funcionarios locales, quienes, como José Luis Castillo, administrador electoral del condado, manifestaron su escepticismo sobre la eficiencia de destinar recursos a tales pesquisas sin una base probatoria sólida. Este escrutinio específico en un condado de alta diversidad demográfica añade una capa de suspicacia respecto a los motivos subyacentes.
De manera análoga, en Carolina del Norte, un asesor jurídico de ICE extendió peticiones al condado de Forsyth, buscando expedientes de dos electores: uno con un registro reciente y otro con una antigüedad de tres décadas. Aunque ambos fueron subsiguientemente retirados del padrón, las autoridades locales no pudieron precisar las razones exactas para su eliminación ni proporcionar documentación histórica tan remota. La preferencia del condado de Forsyth por el voto demócrata en ciclos electorales recientes no pasó inadvertida, alimentando la especulación sobre si los criterios de selección estaban influenciados por consideraciones políticas en lugar de hallazgos concretos de irregularidad.
La premisa subyacente a estas operaciones federales se origina en la insistente, pero ampliamente desacreditada, narrativa del expresidente Trump sobre un supuesto ‘fraude electoral masivo’ en Estados Unidos. Desde las elecciones de 2016, y de forma más enérgica tras los comicios de 2020, Trump ha diseminado esta afirmación sin presentar pruebas verificables que la sustenten. Esta postura ha sido objeto de críticas incluso dentro de su propio partido, con figuras prominentes como Trey Grayson, exsecretario de Estado de Kentucky, advirtiendo sobre el perjuicio que tal retórica ha infligido a la credibilidad del Partido Republicano y a la confianza pública en la integridad del proceso democrático.
En contraste con las aseveraciones presidenciales, análisis exhaustivos de organizaciones independientes de verificación de hechos, como Politifact, han demostrado consistentemente que el fraude electoral en Estados Unidos es un fenómeno estadísticamente insignificante e insuficiente para alterar los resultados a nivel federal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), si bien confirmó a El País que HSI ‘trabaja activamente para detectar e investigar el fraude electoral’, declinó ofrecer detalles sobre los casos específicos en cuestión, una reticencia que resalta la falta de transparencia. Por su parte, Democracy Forward ha condenado enérgicamente las acciones de ICE, recordando que la agencia ‘no tiene ninguna función en la investigación de elecciones’, lo que representa una clara extralimitación de sus atribuciones tradicionales.
La injerencia de una agencia federal de inmigración en la esfera electoral plantea serias interrogantes sobre la estricta delineación de poderes y las competencias institucionales. Históricamente, la supervisión de la integridad del voto recae fundamentalmente en las secretarías de estado y las juntas electorales a nivel estatal y local, entidades con un profundo conocimiento de las normativas y procedimientos específicos de cada jurisdicción. La participación de ICE, cuyo mandato principal es la aplicación de leyes de inmigración y aduanas, en la verificación de votantes, introduce un actor con una misión y métodos inherentemente distintos, lo que podría generar un ‘efecto amedrentador’ entre la ciudadanía, desincentivando la participación electoral, especialmente en comunidades minoritarias o de origen inmigrante. Este precedente es profundamente preocupante para la solidez de las instituciones democráticas y la confianza del electorado.
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