La grave agresión sufrida por Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá, exiliados venezolanos y figuras destacadas en la defensa de los derechos humanos, ha puesto de manifiesto una preocupante escalada en la dinámica de la persecución política que trasciende las fronteras. El ataque, ocurrido en un contexto de vulnerabilidad extrema para quienes huyen de regímenes autoritarios, no solo les dejó secuelas físicas y psicológicas profundas, sino que también sembró un temor generalizado entre la diáspora. Este suceso parece encajar en un patrón más amplio de lo que se conoce como ‘Represión Transnacional’, una táctica empleada por Estados para silenciar a disidentes y activistas más allá de sus territorios nacionales, utilizando métodos que van desde la vigilancia hasta la violencia directa.
Colombia, siendo el principal país receptor de migrantes y refugiados venezolanos, con una cifra cercana a los tres millones, enfrenta el desafío de garantizar la seguridad de aquellos que han buscado refugio en su territorio. Este incidente, que según Velásquez ha visto un estancamiento en la investigación por supuestas ‘presiones políticas’, no solo compromete la integridad de los activistas sino que también cuestiona la capacidad del Estado colombiano para proteger a los perseguidos políticos. La inacción o la lentitud en esclarecer crímenes de esta índole pueden enviar un mensaje desalentador a la comunidad internacional sobre la efectividad de los mecanismos de protección para asilados y refugiados.
El perfil de Yendri Velásquez como fundador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ y gerente de campañas para Amnistía Internacional en Venezuela en Colombia, añade una capa de complejidad al análisis. Su trayectoria de activismo lo convirtió en un objetivo potencial para las fuerzas represivas del régimen chavista, que ya lo había detenido y desaparecido forzadamente. Este antecedente sugiere que la agresión en Bogotá no fue un hecho aislado, sino la continuación de una campaña de hostigamiento dirigida a figuras críticas, independientemente de su ubicación geográfica, lo que exige una respuesta coordinada y enérgica de los organismos internacionales.
La falta de avances significativos en la investigación por parte de la Fiscalía colombiana, que Velásquez describe como un freno abrupto tras un inicio prometedor, levanta serias dudas sobre la voluntad política para llegar al fondo del asunto. El hecho de que los atacantes hubieran realizado un trabajo de inteligencia previo, simulando ser trabajadores de la construcción y recopilando información durante al menos quince días en el mismo edificio de las víctimas, apunta a una planificación meticulosa que rara vez se asocia con delincuencia común. Esta sofisticación sugiere un modus operandi que podría estar respaldado por estructuras organizadas con intereses políticos.
Este episodio subraya la urgencia de fortalecer los marcos legales y operativos para la protección de exiliados y defensores de derechos humanos en la región. La petición de Velásquez de celeridad en el caso, garantías de justicia y reconocimiento de las vulnerabilidades por parte de la Cancillería y los grupos de refugio colombianos, trasciende su situación personal. Es un llamado a que el Estado cumpla con sus deberes de protección internacional, sin que las afiliaciones ideológicas o las relaciones bilaterales influyan en la salvaguarda de vidas humanas y la aplicación de la justicia, especialmente cuando la crisis venezolana persiste y el aparato represivo aún está activo.
Las secuelas físicas y emocionales que Yendri Velásquez describe son un testimonio palpable del impacto devastador de la persecución política y la violencia transnacional. El ‘miedo que te queda, ese terror’, es una condena a perpetuidad para las víctimas, incluso después de huir de su país de origen. Es imperativo que la comunidad internacional y los Estados receptores refuercen sus compromisos para desmantelar las redes de ‘Represión Transnacional’ y asegurar que los exiliados puedan ejercer sus derechos y vivir sin la constante amenaza de represalias, garantizando un refugio genuino y no solo una prolongación de la incertidumbre.
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