Desde marzo de 2026, con la asunción del presidente José Antonio Kast al poder en Chile, se ha delineado una reconfiguración sustancial del debate económico y de la gestión fiscal en la nación sudamericana. Esta nueva etapa se caracteriza por un enfoque que diversos analistas han catalogado como el ‘Retorno del Neoliberalismo’, marcando un giro significativo respecto a la ortodoxia económica predominante desde la recuperación democrática en 1990. El proyecto actual se orienta hacia una reducción notable del rol estatal y una revitalización de principios de mercado que habían sido objeto de intenso escrutinio y reforma en las décadas precedentes.
El contexto que enmarca esta política gubernamental está profundamente ligado a un diagnóstico de creciente deuda pública y desafíos en la viabilidad presupuestaria. Las cifras revelan que, si bien el crecimiento de la deuda se desaceleró, esta ascendió del 35.8% del PIB en marzo de 2022 al 42.3% a fines de 2024, con proyecciones similares para 2025. Este incremento ha sido objeto de interpretaciones divergentes; mientras la derecha lo atribuye a la ineficiencia del gasto público y la falta de crecimiento, la izquierda señala fallas en la recaudación tributaria y la persistente desigualdad económica. La polarización de estas perspectivas subraya que la solución no es meramente técnica, sino intrínsecamente política, reflejando profundas divisiones sobre el modelo de desarrollo nacional.
La administración Kast ha impulsado una ‘megarreforma’ miscelánea, cuyo pilar fundamental es un plan de recortes presupuestarios ambicioso, cifrado en una reducción gradual de 6,000 millones de dólares. Aunque inicialmente carente de detalles, las medidas se han ido revelando, incluyendo una reforma tributaria encubierta que propone la reducción de la tasa corporativa al 23% para alinearla con el promedio de la OCDE, sin compensaciones claras. Esta estrategia se apoya en la controvertida teoría del ‘chorreo’ o ‘derrame’, la cual postula que la reducción de impuestos a las empresas y la eliminación de barreras a la inversión estimularán el crecimiento económico que, a su vez, beneficiará a toda la sociedad, una premisa que históricamente ha generado debate por su inconsistente evidencia empírica.
Es en la esfera de los recortes a programas sociales específicos donde el carácter neoliberal del proyecto gubernamental se manifiesta con mayor crudeza. Informes filtrados han sugerido la ‘discontinuidad’ de iniciativas vitales, desde almuerzos escolares hasta la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esta propuesta ha desatado una ola de críticas, al poner en tela de juicio la noción de ‘derecho social’ que había permeado la política chilena incluso en gobiernos de centroderecha. La ambigüedad terminológica utilizada para justificar estos ajustes ha exacerbado el debate, revelando una intención de redefinir el alcance y la responsabilidad del Estado en la provisión de bienestar social.
La justificación subyacente a estas medidas radica en una concepción de la economía donde las libertades individuales son primordiales, y el Estado debe minimizar su intervención. Este imaginario concibe a los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica, como agentes económicos racionales capaces de resolver sus problemas mediante el ejercicio de sus libertades personales, en detrimento de los derechos colectivos y universales. Bajo esta visión, la asistencia estatal se restringe a ‘mínimos vitales’ para aquellos demostradamente incapaces de valerse por sí mismos, distanciándose del concepto de ‘dignidad’ asociado a los derechos de clase media promovidos por el pensamiento socialdemócrata que influyó en Chile entre 1990 y 2014.
La implementación de estas reformas económicas y sociales ha catalizado una polarización acelerada en el espectro político y legislativo chileno. El debate se ha reestructurado, enfatizando la dicotomía entre el trabajo y el capital, con las consiguientes simplificaciones ideológicas. Cada avance en la desregulación o la reducción de derechos sociales se percibe como una victoria de la derecha, mientras que cualquier contención de estas medidas es considerada un triunfo, aunque parcial, de las izquierdas. El resultado final de esta ‘megarreforma’, si se aprueba en su totalidad, determinará no solo la dirección económica de Chile en el corto plazo, sino que también redefinirá el pacto social y el tipo de capitalismo que prevalecerá en el país por las próximas décadas, con un espíritu que podría retrotraerse a los paradigmas de los años ochenta.
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