BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, ha presentado un desafío formal y sustancial a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de Estados Unidos, oponiéndose a un aspecto clave de la propuesta de reglamentación derivada de la Ley GENIUS. Esta iniciativa legislativa, que busca establecer un marco regulatorio para los emisores de ‘stablecoins’ en el país, se encuentra ahora bajo escrutinio por parte de un actor institucional cuyo peso en el mercado financiero es innegable. La objeción se centra específicamente en los límites propuestos para las reservas tokenizadas, un elemento que BlackRock califica de ‘arbitrario’ y potencialmente perjudicial para la innovación en el sector de los activos digitales.
La misiva de 17 páginas, entregada el 1 de mayo, argumenta que la imposición de techos fijos a las reservas tokenizadas es innecesaria y no refleja adecuadamente los riesgos inherentes a los activos subyacentes. Según BlackRock, la verdadera evaluación del riesgo debería basarse en la liquidez, la duración y la calidad crediticia de los activos, independientemente de su formato de tokenización. Esta postura subraya una divergencia fundamental en la visión regulatoria: un enfoque basado en principios de riesgo versus la adopción de umbrales cuantitativos rígidos. El fondo BUIDL de BlackRock, un hito en la tokenización de bonos del Tesoro de EE. UU. que ya respalda el 90% de ‘stablecoins’ como JupUSD y USDtb con más de 2.600 millones de dólares en activos, se vería severamente restringido bajo las reglas propuestas, frenando su expansión y la evolución del mercado.
La firma apoya enfáticamente la Opción A de la OCC para la diversificación de reservas, que promueve un marco flexible donde los emisores deben asegurar una diversificación suficiente para mitigar riesgos crediticios, de liquidez, de tasas de interés y de precios. Esta opción propone requisitos cuantitativos voluntarios, como un mínimo del 10% en liquidez diaria y un 30% semanal, con topes de concentración en una sola institución. Por el contrario, BlackRock rechaza categóricamente la Opción B, la cual convertiría estos límites en obligatorios, con la amenaza de perder licencias o la intervención regulatoria ante su incumplimiento. Esta imposición, argumenta la compañía, no solo generaría restricciones operativas excesivas sino que también erosionaría la confianza en el ecosistema de las ‘stablecoins’, percibiendo un exceso de control que podría sofocar el desarrollo del sector.
El debate sobre la Ley GENIUS y su reglamentación no es meramente técnico; representa un punto de inflexión crucial para la integración de las finanzas tradicionales con el emergente mundo de los activos digitales. Las ‘stablecoins’, diseñadas para mantener un valor estable anclado a una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense, son consideradas un puente esencial entre ambos universos financieros. La forma en que Estados Unidos decida regular estos instrumentos tendrá repercusiones globales, afectando la competitividad del país en la economía digital y la aceptación de los activos tokenizados a nivel internacional. Instituciones como Brookings Institution también han presentado sus comentarios, reflejando el amplio interés y la complejidad del desafío regulatorio en curso.
La solicitud de BlackRock va más allá de los límites de las reservas, pidiendo también una clarificación sobre si los ‘Treasury ETF’, fondos cotizados en bolsa que agrupan deuda del gobierno estadounidense, califican como activos de reserva elegibles bajo la nueva ley. Esta especificación es vital para la flexibilidad y eficiencia operativa de los emisores de ‘stablecoins’, ya que los ‘ETFs’ de bonos del Tesoro ofrecen una vía altamente líquida y diversificada para gestionar estas reservas. La propuesta de incluir ‘Treasury floating-rate notes’ de corto plazo en las reglas busca optimizar el proceso de aprobación de activos, lo que demuestra la intención de la industria de colaborar en la creación de un marco robusto pero pragmático.
La decisión final de la OCC, tras un período de consulta pública de 60 días para recabar observaciones de diversos participantes del mercado, será un barómetro del equilibrio que la administración estadounidense busca entre la protección del consumidor y la promoción de la innovación financiera. Este proceso definirá el nivel de flexibilidad operativa para los emisores de ‘stablecoins’ y, por ende, impactará directamente en el crecimiento y la madurez de todo el ecosistema de activos digitales. La visión de BlackRock, al abogar por un enfoque más ‘inteligente’ y basado en principios de riesgo, destaca la necesidad de una regulación que no solo mitigue peligros, sino que también fomente un entorno propicio para el avance tecnológico en las finanzas.
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