La intervención de la ‘Nueva EPS’ en Colombia, la Entidad Promotora de Salud más grande del país y con una participación estatal significativa, ha emergido como un indicativo crítico de las profundas dificultades que enfrenta la administración del presidente Gustavo Petro para materializar su ambiciosa reforma al sistema de salud. Este proceso, iniciado con la promesa de ‘frenar el desangre’ de una entidad simbólica heredera del antiguo Instituto del Seguro Social, ha culminado en una prórroga que, lejos de resolver la crisis, ha evidenciado un deterioro alarmante, sumiendo a millones de colombianos en una incertidumbre asistencial sin precedentes. La relevancia de la ‘Nueva EPS’ no solo radica en su tamaño, sino en su papel histórico como puente entre el modelo estatal y el actual sistema mixto, lo que la convierte en un barómetro de la efectividad de las políticas sanitarias gubernamentales.
El panorama financiero de la entidad ha empeorado drásticamente bajo la administración intervenida. Las deudas de la ‘Nueva EPS’ se han disparado de 18,4 billones a 26,1 billones de pesos colombianos en un lapso de menos de un año, lo que representa un aumento de casi el 42% en obligaciones pendientes. Este incremento desproporcionado no es una mera cifra contable; se traduce directamente en la interrupción de servicios esenciales para sus 11,5 millones de afiliados. Pacientes enfrentan demoras críticas en cirugías, escasez de medicamentos esenciales —incluidos genéricos de bajo costo— y dificultades para acceder a citas con especialistas, exacerbando el sufrimiento humano y la percepción de un sistema en colapso. Los indicadores de ‘peticiones, quejas y reclamos’ (PQRs) revelan un aumento anual del 14,3%, aunque expertos sugieren un subregistro significativo debido a la desesperanza de los usuarios.
La inestabilidad administrativa ha sido un factor coadyuvante en esta espiral de deterioro. La ‘Nueva EPS’ ha experimentado una rotación constante de liderazgo, con dos presidentes y tres interventores en un periodo muy corto, culminando con la reciente designación de un cuarto interventor, Jorge Iván Ospina, un exalcalde de Cali con antecedentes de cuestionamientos por corrupción. Esta sucesión frenética de directivos, a menudo acompañada de acusaciones mutuas de ineficiencia o malversación, ha impedido la consolidación de estrategias a largo plazo y ha generado una parálisis en la toma de decisiones. Funcionarios de la propia Superintendencia de Salud han denunciado la ilegalidad de la prórroga de la intervención, señalando la omisión de controles internos y la posible falta de idoneidad de los nuevos nombramientos, lo que profundiza la crisis de gobernanza y legalidad en el sector.
A esta vorágine de problemas se suma una preocupante falta de transparencia en la gestión financiera. La superintendenta ‘ad hoc’ Luz María Múnera ha admitido que solo una fracción mínima de los 15 billones de pesos en cuentas rezagadas ha sido procesada, con serias dudas sobre su sustento y legalidad. Adicionalmente, la ‘Nueva EPS’ no ha presentado sus balances financieros correspondientes a 2023 y 2024, una omisión crítica que contrasta con la práctica del resto de las EPS y que imposibilita una evaluación rigurosa de su situación patrimonial. Esta opacidad contable no solo dificulta la rendición de cuentas, sino que alimenta las especulaciones sobre posibles irregularidades y la magnitud real del déficit, socavando la confianza pública en la capacidad del Estado para administrar eficazmente sus propias empresas de salud.
El debate sobre la causa raíz de la crisis sanitaria colombiana se polariza entre la mala gestión y la desfinanciación estructural. Mientras el gobierno insiste en que los recursos son suficientes y que el problema reside en la corrupción y la ineficiencia de los interventores anteriores, los críticos, incluyendo exministros y expertos de centros de pensamiento como ‘Así Vamos en Salud’, apuntan a una deficiencia crónica en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La Corte Constitucional ha ordenado al Ejecutivo reajustar los pagos a las EPS, una directriz que no se ha cumplido cabalmente. Los datos muestran un deterioro acelerado del patrimonio neto de las EPS, con las intervenidas pasando de un patrimonio negativo de -2,1 billones de pesos en 2021 a -13,3 billones en 2025, sugiriendo que la falta de recursos es un factor ineludible.
Incluso voces dentro de la propia administración, como el recién nombrado interventor Jorge Iván Ospina, han reconocido la insuficiencia de la UPC, citando el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas como factores que elevan la demanda de servicios. Esta admisión pública contradice la postura oficial del Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien atribuye la crisis exclusivamente a la corrupción y la mala administración, negando cualquier responsabilidad en los nombramientos previos. Esta divergencia de criterios entre altos funcionarios gubernamentales expone la incoherencia en la estrategia para abordar la crisis. En un contexto global de sistemas de salud bajo presión, el caso colombiano sirve como una lección apremiante sobre la complejidad de las reformas y el imperativo de un diagnóstico unificado y una gestión transparente para asegurar la atención médica de los ciudadanos.
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