La estabilidad del sistema de salud colombiano se encuentra bajo un escrutinio sin precedentes, marcado por la reciente renuncia del Superintendente de Salud, Bernardo Camacho, y la finalización del rol de Luz María Múnera como superintendenta ‘ad hoc’ de la Nueva EPS. Estos movimientos, ocurridos en el último trimestre del gobierno del presidente Gustavo Petro, evidencian las profundas tensiones y los obstáculos inherentes a la ambiciosa agenda de la ‘reforma sanitaria’ propuesta por la administración actual. La percepción de una inestabilidad sistémica se agudiza ante la reiterada rotación de altos funcionarios en carteras críticas, lo que plantea serias interrogantes sobre la capacidad de implementación de políticas públicas de largo aliento.
Luz María Múnera, una figura leal al proyecto político de Petro y crítica histórica del modelo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ha ofrecido una perspectiva interna sobre estas dinámicas. Su testimonio subraya una lectura particular del conflicto: la salida de Bernardo Camacho se habría debido, según Múnera, a su renuencia a acatar las directrices presidenciales, las cuales buscan desmantelar el ‘negocio’ de la salud y priorizar su concepción como un derecho fundamental. Esta afirmación no solo acentúa la confrontación ideológica sobre el modelo de salud, sino que también sugiere una pugna interna por la dirección de las transformaciones, más allá de los argumentos técnicos o financieros esgrimidos por otros actores.
El sistema de salud colombiano, establecido en gran medida por la Ley 100 de 1993, se ha caracterizado por un modelo mixto de aseguramiento y prestación de servicios. Si bien ha logrado una notable cobertura en la población, también ha sido blanco de críticas por presuntos desequilibrios financieros y casos de corrupción que han desviado recursos públicos. La administración Petro ha insistido en que el problema central no radica en la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el dinero que el Estado gira por cada afiliado, sino en la mala gestión y el uso indebido de estos fondos por parte de las EPS, generando un debate que polariza a expertos y actores políticos.
La experiencia de Múnera como superintendenta ‘ad hoc’ de la Nueva EPS, la aseguradora con la mayor cantidad de afiliados en el país, le brindó una visión privilegiada de las complejidades operacionales. Su gestión se centró en implementar el ‘giro directo’ para garantizar pagos oportunos a los prestadores de salud y en revisar las postulaciones de manera exhaustiva, buscando eliminar lo que describió como ‘negocios’ y prácticas discrecionales. Estas acciones, encaminadas a aumentar la transparencia y la equidad en los pagos, se encontraron con significativas resistencias internas, reflejando la dificultad de modificar estructuras arraigadas y la profunda inercia de un sistema acostumbrado a ciertos modos de operación.
La controversia se intensificó con la designación de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como nuevo Superintendente de Salud, a pesar de las acusaciones de corrupción que pesan sobre él. Esta elección, avalada por la presidencia, genera nuevas interrogantes sobre la coherencia de la estrategia gubernamental para combatir la corrupción y la priorización de la lealtad política sobre la idoneidad intachable en un cargo de tan alta sensibilidad. La sucesión de cuatro superintendentes en el actual gobierno y tres interventores en la Nueva EPS desde abril de 2024, resalta una inestabilidad administrativa que podría comprometer la continuidad y la efectividad de cualquier reforma.
Finalmente, la pugna por la reforma de salud en Colombia trasciende las cifras y los debates técnicos para instalarse en el terreno de la voluntad política y la capacidad de ejecución. Múnera enfatiza que el problema de fondo es la percepción del sector salud como una oportunidad de lucro, en lugar de un servicio público esencial. Las recomendaciones que deja tras su paso, como el giro directo, la contratación basada en acuerdos y la actualización tecnológica, delinean un camino hacia la transparencia y la eficiencia, pero su éxito dependerá de una coordinación institucional sólida y un compromiso inquebrantable que, hasta ahora, ha sido esquivo. Si le ha parecido interesante este análisis, le invitamos a compartirlo y a dejar su opinión en los comentarios.