En su segunda sesión de lectura, los diputados del Parlamento chavista fueron … analizando punto por punto los capítulos de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Pero se quedaron en el apartado número 7 y aplazaron la aprobación a la próxima sesión de la Asamblea, que solo se reúne los martes y jueves.
Esta nueva demora vuelve a colmar la paciencia de las familias de los presos políticos, que siguen esperando su liberación a las puertas de las cárceles del régimen chavista.
La suspensión del debate se debió a la falta de consenso sobre el mencionado artículo 7, que obliga a los «reos», como califica a los presos políticos y a los inhabilitados, a ponerse a disposición del sistema de justicia y a los exiliados a solicitar presencialmente su reinserción en Venezuela. Mediante esta disposición, los detenidos o exiliados deben presentarse a los tribunales para poder beneficiarse de la amnistía y retornar al país.
El polémico artículo 7 reza así: «La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley».
La comisión especial redactora del proyecto de amnistía presentó el texto a la sesión plenaria, que aprobó los seis primeros artículos. Pero el debate se atascó en la discusión del siguiente punto, que es muy polémico. Por ese motivo, la diputada opositora Nora Bracho solicitó diferir la aprobación hasta el próximo martes.
«La amnistía objeto de esta Ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho tras la entrada en vigencia de esta ley»
Artículo 7 de la Ley de Amnistía
Bracho, vicepresidenta de la comisión redactora, explicó a ABC que puso objeciones a la redacción del artículo 7 porque discrimina a los presos políticos y exiliados políticos, y los obliga a presentarse personalmente a los tribunales como si fueran unos condenados cuando en realidad son inocentes que fueron apresados arbitrariamente.
«Eso es una trampa caza bobos», dijo la diputada opositora. «Nosotros pedimos que en el artículo 7 se incluya ‘según establece el artículo 21 y 49 del texto constitucional». En el articulo 21 de la Constitución se contempla que «todos somos iguales ante la ley y el 49 se refiere a que los detenidos deben tener el debido proceso, se debe presumir su inocencia, hacer justicia y respetar los derechos, lo que no se ha aplicado a nuestros presos políticos».
Su solicitud de aplazar el debate para el próximo martes fue respaldada por el presidente de la comisión, el chavista Jorge Arreaza, y secundada por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada.
Los primeros seis artículos de la amnistía no arrojaron ninguna controversia entre los 285 diputados, incluidos 12 de la denominada oposición, que es tildada de colaboracionista por los partidarios de la exiliada María Corina Machado, premio Nobel de la Paz.
Nueva demora
Esta es la segunda semana que se posterga la aprobación de la amnistía. Bracho ratificó a ABC que defenderán los derechos e intereses de todos los venezolanos «no importa el esfuerzo y sacrificio que requiera el trabajo. Queremos una ley completa y amplia que de verdad busque la reconciliación y convivencia».
En su opinión, la propuesta oficial implica «que la persona vaya y se presente ante los tribunales para entonces dar la causa ya como cerrada. Y no es necesario de ninguna manera», sino que sea un proceso automático.
Por su parte, la diputada oficialista Iris Varela argumentó que «el que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía». A su juicio, «aquí pareciera que alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido», informa Afp.
600 presos políticos aún entre rejas
La ONG Foro Penal contabiliza más de 600 por presos por razones políticas en Venezuela y todos defienden su inocencia.
Ante el bloqueo en el punto 7, la oposición pidió diferir el debate del artículo cuestionado y avanzar en la ley, pero el Gobierno propuso aplazar la discusión «en aras de mantener ver el clima necesario de conciliación de consenso», indicó el diputado Jorge Arreaza, exministro de Maduro y de Chávez y responsable de la redacción del texto.
La presidenta encargada de Venenezuela, Delcy Rodríguez, pensaba que, con su orden ejecutiva de aprobar rápidamente la amnistía, todos los diputados chavistas le iban a obedecer a pies juntillas. Así ocurrió con la aprobación unánime en la primera sesión del martes 3 de febrero.
Pero el segundo trámite legislativo de la amnistía no fue tan fácil como la ley de reforma de la Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada sin objeciones. La presidenta interina no contaba con el clamor de los familiares para que, con o sin amnistía, ordene la libertad de los presos políticos. Los familiares llevan más de un mes acampando y rezando a las puertas de las prisiones para que los detenidos por razones políticas sean puestos en libertad de inmediato sin condiciones.
Más complicado que los hidrocarburos
Para Delcy Rodríguez, la amnistía es más complicada que la apertura de los negocios petroleros con la Ley de Hidrocarburos. El segundo trámite legislativo del proyecto de amnistía sufrió más de una semana de retraso y fue objeto del mayor escrutinio público. Los sectores profesionales, abogados, ONG, periodistas y familiares de los presos políticos fueron consultados.
Entre los familiares consultados destaca la suegra de Nahuel Gallo, quien se encaró con algunos diputados chavistas en Caracas y les exigió la liberación del gendarme argentino. Martha Tineo emplazó así a los diputados chavistas: «Den la orden y todos los presos políticos salen inmediatamente».
El primer borrador de la citada ley se presentó sin divulgación pública. Solo unos diputados preocupados la filtraron, lo que permitió conocer su contenido. De esta manera, los juristas pudieron alertar sobre las restricciones y limitaciones de la amnistía. Era incompleta, insuficiente y peligrosa, a decir de los expertos como Juan Carlos Apitz.
Los 21 miembros de la Comisión Especial legislativa redactora de la ley de amnistía discutieron intensamente sobre los aspectos más controvertidos del proyecto de reconciliación, como son las leyes represivas, la reparación de las víctimas y la habilitación de los políticos inhabilitados. Pero donde hubo mayor forcejeo fue en la derogación o no de las leyes represivas como la Ley del Odio y la Ley Simón Bolívar.
A medianoche del miércoles, los miembros del comité redactor, ya cansados y sin ponerse de acuerdo, se atrancaron en las leyes represivas, aplazando de nuevo el segundo trámite parlamentario. La bancada chavista, que es la mayoría de la comisión, mostró la gran división que los separa entre los radicales y moderados. La parte más extremista, como la exministra de Prisiones Iris Varela, se opuso a la liberación de los policías y militares presos y a la derogación de las leyes represivas, mientras que la parte moderada del chavismo sí estuvo de acuerdo con su eliminación.
La derogación de las normativas represivas, que reclama más del 80% del país, fue impulsada por los representantes opositores como la vicepresidenta de la comisión redactora, Nora Bracho, de Un Nuevo Tiempo. Según dijo, «somos minoría en el Parlamento chavista, pero representamos el clamor de la mayoría de los venezolanos». Bracho insistió hasta el último momento para que la derogación de estas leyes represivas fuese incorporadas al texto de la amnistía.
¿Reconciliación?
Mientras la comisión especial se reunía con los familiares y víctimas de los presos políticos, Delcy Rodríguez los invitaba de forma paralela al Programa para la Convivencia y la Paz. Dicho programa está dirigido por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y asesorado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, según se evidenció en su visita relámpago a Caracas el pasado fin de semana.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que la creación de registros oficiales de presos políticos, ajustados a estándares constitucionales e internacionales, «es una obligación intransferible de los organismos de justicia». El Programa para la Convivencia y la Paz convocó a familiares para que expongan sus casos y llevar un registro. La ONG critica el censo del programa de paz: «Trasladan a las víctimas la responsabilidad del Estado y continúan las prácticas que revictimizan y profundizan el dolor de las víctimas».
El diputado y excandidato presidencial Henrique Capriles propuso que la ley de amnistía establezca jueces especiales y no los mismos «verdugos».
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha planteado el perdón mutuo y compartido para las víctimas de la represión, lo que ha sido rechazado por la oposición.
El diputado opositor Juan Carlos Caldera rechazó de plano la «relativización del mal» y el perdón mutuo que pretenden los hermanos Rodríguez. El dirigente argumentó que ningún miembro de la oposición ha sido responsable de torturas, encarcelamientos masivos o confiscación de bienes, delitos que atribuyó exclusivamente al ejercicio del poder del Estado.
Según las ONG Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, «no se necesita una amnistía para liberar a quien nunca debió estar preso. La libertad de los presos políticos no es un acto de clemencia, es una obligación del Estado». En su opinión, «el proyecto no promueve reconciliación si parte de un discurso que descalifica la protesta, el ejercicio de derechos y la crítica como extremismo».
Por último, la ley debe servir para sanar la herida nacional que representan los presos políticos.
