Los extranjeros que pretendan obtener la nacionalidad sueca tendrán que esperar ocho años de residencia legal, antes de poder solicitarla. El ministro de Inmigración, Johan Forssell, ha anunciado los nuevos requisitos, que entrarán en vigor el 6 de junio, tras el trámite parlamentario, … y que endurecen significativamente el régimen de nacionalizaciones.
Los nuevos requisitos incluyen procesos mucho más estrictos de verificación de la identidad, que incluirá la investigación de antecedentes familiares en países de origen, y también exigencias de solvencia económica. Los solicitantes deberán poder demostrar ingresos mensuales superiores a 20.000 coronas suecas, unos 2.000 euros, y ser capaces de aprobar un examen de idioma y cultura. Otro requisito es el de «conducta honrada», que incluye comportamiento probado respetuoso con la ley y la ausencia de vínculos con cualquier tipo de criminalidad o redes violentas.
«Estos requisitos son mucho más estrictos que la situación actual porque actualmente casi no existen requisitos», ha justificado Forssell, «y parece razonable que sepa si Suecia es una monarquía o una república, si quiere ser ciudadano de este país». «Los cambios que presentamos hoy son necesarios para garantizar que la ciudadanía sueca mantenga su valor y su significado», ha respaldado las medidas el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.
Además, cualquier persona con antecedentes penales, ya sea en Suecia o en el extranjero, tendrá que esperar más tiempo antes de poder solicitar la nacionalidad. Alguien que haya cumplido una condena de cuatro años de prisión, por ejemplo, tendría que esperar 15 años antes de poder solicitar la ciudadanía. Hasta ahora, «era posible convertirse en ciudadano tras cinco años sin hablar ni una sola palabra de sueco, sin saber nada de nuestra sociedad sueca y sin tener ingresos propios», ha alegado Forssel, «incluso puedes hacerte ciudadano si estás bajo custodia por asesinato y esto envía una señal completamente equivocada, tanto a quienes se comportan correctamente como a quienes ya son ciudadanos».
El Gobierno sueco está buscando también la forma de obligar a los ciudadanos europeos residentes en el país a inscribirse en el registro, bajo pena de sanciones económicas. Esto implicaría la obligatoriedad de informar de la estancia de estos extranjeros europeos a la oficina de migración a partir del 1 de enero del próximo año, devolviendo así el sistema de registro que estuvo en vigor en Suecia hasta 2014.
Sin información completa
Actualmente, las autoridades suecas no disponen de información completa sobre cuántos extranjeros del Espacio Económico Europeo viven realmente en el país ni sobre qué base ejercen su derecho a permanecer. A pesar del derecho de libertad de movimiento de personas ente países de la UE, de acuerdo al Tratado Schengen, las autoridades suecas afirman que la falta de un registro central dificulta la planificación de políticas sobre migración, mercado laboral y sistema de prestaciones sociales.
En cuanto a los solicitantes de asilo, que no piden la nacionalidad sino sólo derecho de residencia, serán recluidos en centros de acogida mientras se tramitan sus casos y deberán aceptar restricciones de viaje. «Las personas que estén en el sistema tendrán que convivir con la Agencia de Migración … Quiero recalcar que esto no son prisiones», ha precisado Forssell. La ley actual, que permite a los solicitantes de asilo elegir su propio lugar de vivienda, ha provocado problemas de hacinamiento, exclusión social y ha facilitado la permanencia ilegal de personas en Suecia, ha justificado el ministro. A partir de octubre, los solicitantes de asilo que no cumplan esta exigencia verán sus solicitudes retiradas automáticamente. Las personas cuyos casos han sido rechazados también tendrían que registrar su paradero regularmente para evitar que se oculten buscando evadir la deportación.
Endurecimiento de las deportaciones
El endurecimiento de las deportaciones, que se están llevando a cabo desde el año pasado, está dando lugar a casos muy controvertidos. El 29 de diciembre de 2025, por ejemplo, cuando Jomana estaba planeando la fiesta de graduación con sus amigas del colegio, le llegó la comunicación de la Agencia de Migración para ser deportada a Egipto. Vive en Suecia desde que tenía cuatro años y, al cumplir los 18, deja de pertenecer legalmente al núcleo familiar que recibió el estatus de asilo, por lo que será deportada sola a un país que no conoce. Otro caso muy discutido es el de Batis, que recibió la noticia el mismo día en que aprobó el último examen del carnet de conducir. Según la Sharia iraní, quedó bajo custodia de la familia de su padre cuando su madre fue repudiada. Ella logró huir del país gracias al matrimonio con un sueco y el Estado sueco exigió la reunificación con sus dos hijos, que ahora, al llegar a la mayoría de edad, son legalmente devueltos al país que los reclama para el servicio militar. Las deportaciones a Irán se han pausado temporalmente, pero los procesos de deportación siguen siendo válidos.
Desde los años 90, Suecia ha acogido a muchas personas de países en crisis como la antigua Yugoslavia, Afganistán, Siria, Irak y Somalia. Los sucesivos gobiernos suecos, sin embargo, han endurecido progresivamente las políticas migratorias desde 2015, cuando alrededor de 160.000 solicitantes de asilo buscaron refugio en Suecia. El gobierno Kristerson, apoyado por los Demócratas Suecos, partido antiinmigración, culpa a políticas migratorias anteriores de la oleada de delincuencia de mafias que barre el país y toma como ejemplo la política migratoria de Dinamarca.
