Estados Unidos ejecutó en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 ataque militar a gran escala contra Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y su extracción del país. La operación incluyó bombardeos sobre … instalaciones militares en Caracas y otros puntos estratégicos, y concluyó con la detención nocturna del matrimonio presidencial, trasladado en helicóptero hasta el buque de la Armada estadounidense USS Iwo Jima.
Desde Venezuela, ambos fueron enviados a Estados Unidos con destino a Nueva York, donde se enfrentan a imputaciones federales por delitos de narcotráfico y armas ante tribunales del Distrito Sur de Manhattan.
Según fuentes de la Administración, Trump autorizó la operación días antes de Navidad, pero su ejecución tuvo que aplazarse por una combinación de factores operativos. Por un lado, las condiciones meteorológicas no ofrecían garantías suficientes para una acción precisa y segura, especialmente en una misión que dependía de helicópteros y control aéreo. Por otro, el Pentágono priorizó en esas fechas un ataque ordenado por el presidente contra objetivos yihadistas en Nigeria en Navidad, lo que obligó a reorganizar medios y ventanas de ejecución. El plan quedó en espera hasta que se abrió una franja considerada óptima, ya entrado enero, momento en el que Trump dio la orden definitiva para lanzar la operación.
Pasada la medianoche de este sábado se registraron múltiples detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves en Caracas y en otros puntos del país. Los ataques se concentraron en instalaciones militares clave, entre ellas la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, y el complejo de Fuerte Tiuna, así como en el puerto de La Guaira y objetivos en los estados de Miranda y Aragua.
Durante la operación se emplearon aeronaves y helicópteros para asegurar el control del espacio aéreo y facilitar la extracción. Según los datos disponibles, las fuerzas venezolanas no ofrecieron una resistencia significativa ni en el aire ni en tierra, lo que permitió un despliegue limitado de efectivos estadounidenses para asegurar el perímetro, ejecutar la captura y evacuar a los detenidos sin un enfrentamiento abierto.
Donald Trump siguió la operación en tiempo real desde Mar-a-Lago, acompañado por mandos militares, a través de enlaces de vídeo que le permitieron observar el desarrollo del asalto. Más tarde describió lo ocurrido como «ver una película», por la rapidez y la coordinación del despliegue.
Aseguró el presidente que la misión fue un éxito y sostuvo que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos efectivos resultaron heridos de forma leve durante la operación y pudieron regresar sin complicaciones.
La extracción se produjo durante un asalto nocturno en el que las fuerzas estadounidenses irrumpieron en el lugar donde se encontraba el presidente venezolano. Según fuentes conocedoras del operativo, Maduro y su esposa estaban en un dormitorio cuando fueron sorprendidos y detenidos. Ambos fueron sacados del inmueble y puestos bajo custodia en cuestión de minutos, en una fase que generó dudas iniciales porque hasta ese momento solo Maduro figuraba formalmente imputado en tribunales estadounidenses.
Horas después, la fiscal general norteamericana Pam Bondi anunció nuevas imputaciones que incluían también a Flores, despejando el marco legal de la detención conjunta antes de su traslado fuera del país.
La Casa Blanca no notificó previamente al Capitolio en virtud de la Resolución de Poderes de Guerra, al sostener que no se trataba de una acción bélica contra un Estado soberano sino de una operación destinada a detener a un prófugo imputado por la justicia estadounidense. Ese razonamiento provocó críticas inmediatas entre los demócratas y también entre algunos republicanos, que reclamaron explicaciones sobre la base legal y la ausencia de una consulta previa al Congreso.
Con el paso de las horas, el respaldo republicano se fue cerrando en torno a Trump, especialmente en el Senado, donde dirigentes del partido defendieron la actuación como una operación legítima de aplicación de la ley y subrayaron que el uso de la fuerza se limitó a garantizar la ejecución de la orden de arresto.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la operación como una actuación limitada y estrictamente dirigida a ejecutar una orden judicial pendiente. Según trasladó a varios senadores, el uso de la fuerza se circunscribió a proteger a los agentes encargados de la detención y no respondía a una campaña militar ni a un cambio de régimen por la vía armada. Rubio aseguró además que no se prevén nuevas acciones en Venezuela ahora que Maduro se encuentra bajo custodia de Estados Unidos y será puesto a disposición de los tribunales federales.

Posibles bombardeos de EE.UU.
Palacio
Federal
Legislativo
La Casona
(Residencia
de Maduro)
Ofinina militar
El Hatillo
Fuente: Elaboración propia / ABC

Ataque de EE.UU. a Venezuela
Posibles bombardeos de EE.UU.
Palacio
Federal
Legislativo
La Casona
(Residencia
de Maduro)
Ofinina militar
El Hatillo
Fuente: Elaboración propia / ABC
Desde el verano, Trump había ido endureciendo de forma progresiva sus advertencias a Maduro, vinculando de manera explícita al régimen venezolano con el narcotráfico, el terrorismo y la presión migratoria sobre Estados Unidos. En varias comparecencias públicas advirtió de que Washington estaba dispuesto a actuar más allá del mar y que las operaciones contra las rutas de la droga no se limitarían a interceptaciones en alta mar.
A finales de agosto habló de una nueva fase en la lucha contra lo que definió como narcoestados en el hemisferio occidental y autorizó una intensificación de las operaciones militares y de inteligencia en el Caribe y el norte de Sudamérica, acompañada de un despliegue naval y aéreo poco habitual. En noviembre mantuvo un contacto directo con Maduro en el que le trasladó que lo mejor para él era abandonar el poder y salir del país, un mensaje de carácter coercitivo en el que participó también Rubio.
Durante diciembre volvió a elevar el tono en declaraciones públicas y afirmó que Estados Unidos sabía dónde operaban las redes de narcotráfico vinculadas al régimen. En una de esas intervenciones deslizó que ya se había destruido una instalación en tierra utilizada para la salida de droga por vía marítima, una referencia que más tarde se encajó en la secuencia de operaciones encubiertas previas al asalto final.
En los días inmediatamente anteriores al ataque insistió en que había ofrecido a Maduro múltiples salidas y que todas habían sido rechazadas, presentando la captura como el desenlace de meses de presión política, judicial y militar.
Tras las primeras horas de confusión, la actividad cotidiana en Caracas quedó parcialmente paralizada. En varias zonas de la capital se registraron cierres improvisados de comercios, interrupciones del transporte y presencia disuasoria de efectivos armados y civiles vinculados al aparato de seguridad del régimen cerca de instalaciones militares y edificios oficiales, mientras persistían cortes eléctricos puntuales derivados de los ataques.
En el plano institucional, el régimen evitó durante horas aclarar quién ejercía de facto el poder tras la desaparición de Maduro del territorio. Las comunicaciones oficiales dentro del régimen insistieron en la vigencia de la Constitución y en el funcionamiento normal de las instituciones, al tiempo que se decretaba el estado de Conmoción Exterior y se ampliaban las competencias de las Fuerzas Armadas. No hubo anuncio formal de sucesión.
La reacción internacional fue inmediata. Gobiernos de la región como Brasil o Colombia denunciaron la violación de la soberanía venezolana y reclamaron reuniones urgentes en foros multilaterales, mientras otros optaron por llamados genéricos a la contención y emitieron advertencias consulares. En Estados Unidos, la atención se desplazó rápidamente al dispositivo de seguridad y al encuadre judicial, con la activación de protocolos para la llegada de detenidos de máximo perfil a Nueva York.
Con la extracción completada y sin anuncios de nuevas acciones militares, el foco pasó del plano bélico al judicial. La Administración insistió en que la operación había concluido con éxito y que, a partir de ese momento, el caso debía desarrollarse en los tribunales federales, con comparecencias formales y lectura de cargos, y no en el debate sobre la legalidad de los ataques. Los demócratas, sin embargo, llevaran el caso al Capitolio con la intención de abrir comisiones de investigación.





